Razones || Jorge Fernández Menéndez
*** Caos económico y tensiones internas
Mientras el mundo estaba distraído con los asuetos de Pascua y atento a lo que sucedía en Roma, con la muerte del papa Francisco, la economía mundial siguió deteriorándose. Las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial que se celebran en Washington, en sus previsiones han disminuido el ritmo de crecimiento a un 2.8 por ciento global, a un 1.4 por ciento para las economías desarrolladas, a un 1.8 para Estados Unidos y establece un decrecimiento de 0.3 por ciento para México. Y esas previsiones se establecieron para lo que había sucedido apenas hasta el 4 de abril pasado. En las casi tres semanas posteriores ha seguido pasando de todo y lo que frena a la economía es la profunda incertidumbre que genera la administración Trump.
Un día se ataca a la Reserva Federal y se dice que se buscará la destitución de su director Jeromy Powell, al mismo tiempo el secretario de Tesoro asegura que se tendrá que llegar a un acuerdo con China porque los aranceles recíprocos alcanzan niveles inasumibles para cualquier economía; muchos países y regiones, entre ellos México, están tratando de llegar a acuerdos sin que se conozca que hasta ahora alguno lo haya logrado; se viven situaciones casi inéditas como la caída simultánea del dólar y las bolsas.
La economía mundial está en problemas y se ubica muy lejos del optimismo que tenían los grandes capitales luego del triunfo de Trump. Por el contrario, la política de aranceles, el desorden del gabinete y sus funcionarios, y la impredecibilidad del propio gobierno han sumido a las economías en una crisis difícil de resolver, por la sencilla razón de que no se tiene claridad hacia dónde avanzar, hacia un futuro previsible.
México está negociando como puede y en lo que puede, pero tampoco tiene una situación favorable para hacerlo porque no podemos entrar en el círculo vicioso de los aranceles recíprocos o las represalias, sencillamente por lo asimétrico de las economías. Y por otro factor: la administración Trump ha atado las medidas comerciales a otros temas de la agenda bilateral, sobre todo a la seguridad.
La administración Sheinbaum ha tenido el tino de no entrar en las disputas cotidianas, de no responder a cada provocación o medida del gobierno de Trump, de mantener el diálogo y tratar de rescatar los acuerdos. En el terreno de la seguridad ha tenido avances importantes, aunque se topa cotidianamente con la brutal herencia que le dejó el gobierno de López Obrador con su secuela de muertes, desapariciones, del involucramiento del crimen organizado en todo tipo de actividades, desde la comercialización de alimentos hasta la minería ilegal, pasando por uno de sus mejores negocios que es el huachicol fiscal.
El Estado mexicano debe ir eligiendo sus batallas en forma selectiva, porque no está en condiciones de dar un combate frontal y en todos los frentes contra ese empoderamiento criminal inédito en la historia del país. Entonces, a los golpes que se dan se suceden las respuestas violentas de los criminales, y a la voluntad de buena parte del gabinete de seguridad le siguen los condicionantes de la realidad.
Un ejemplo es el huachicol fiscal: es un negocio que le deja al crimen organizado (estrechamente enraizado con grupos y personajes políticos de todos los ámbitos que son sus cómplices), una utilidad, según cifras oficiales, de unos 300 mil millones de pesos anuales. Se pueden dar golpes con decomisos notables como los de semanas atrás en Tamaulipas y Baja California, pero finalmente se tendrá que llegar a las tramas políticas y de complicidad ante una empresa criminal de esas dimensiones.
Y en la relación con Trump llegar a las complicidades políticas es una de las exigencias claves de la Casa Blanca. Ha habido avances en muchos ámbitos de la seguridad, pero no se llega a las complicades políticas incluso en los casos en las que las mismas son evidentes y documentadas, dentro y fuera de México. Y no se llega porque afectan los delicados equilibrios internos entre los distintos grupos de Morena.
Un buen ejemplo de ello es que siendo la seguridad el tema más apremiante que tiene le gobierno federal, el congreso, cuyos liderazgos no parecen ser los más fieles a la presidenta, que ha sacado a rajatabla toda la agenda que le dejó López Obrador, incluyendo reformas descabelladas como la judicial, no ha avanzado más allá de comisiones en las reformas sobre seguridad que envió la presidenta Sheinbaum.
El periodo ordinario del Congreso concluye el 30 de abril y no se contempla un periodo extraordinario durante mayo. Por ello, las reformas pendientes en materia de seguridad pública se han pospuesto para ser discutidas en junio (recordemos que el día primero será la elección judicial) o en la segunda quincena de julio, según informó Ricardo Monreal, líder de la bancada de Morena en diputados. Si no se logra un acuerdo para abrir un periodo extraordinario, la discusión podría aplazarse hasta septiembre, cuando inicia el siguiente periodo de sesiones ordinarias. Y vaya a saber cuándo se terminen aprobando y entrando en vigor las reformas más urgentes que tenía en su agenda la presidenta Sheinbaum, claves para reformar la estructura del sector, para atender temas como los desaparecidos y para la relación con Estados Unidos. Y los frenos no los pone la oposición externa, sino la interna del propio oficialismo, como ya lo hizo con las reformas sobre nepotismo y no reelección que envió la presidenta.
La tensión existente se tendrá que romper, de una u otra forma, más temprano que tarde. El problema es que en la negociación con Trump esos tiempos son cada día más cortos.