Angel Mario Ksheratto ksheratto@gmail.com

IBS, ¿lavado de dinero? 

El Instituto de Bienestar Social, fue creado con la finalidad de promover “el desarrollo de la sociedad chiapaneca a través de la participación ciudadana (…) ejecutando acciones y estrategias para atender sus necesidades”; el decreto mediante el cual fue creado en Julio del 2014, otorga a éste, facultades, responsabilidades y obligaciones que hacen creer que su operatividad coadyuva efectivamente en el desarrollo de Chiapas. No es así, por desgracia.

Documentos obtenidos ante el Instituto de Acceso a la Información Pública por el portal de noticias “Alerta Chiapas”, dan cuenta no solo de la inoperancia de dicho “Instituto”, sino de lo innecesario que resultó su creación, lo que desata sospechas en varios sentidos, incluyendo el de una posible maniobra para desviar recursos con fines partidistas o para beneficios personales.

De acuerdo a la información proporcionada por el IAIP, el Instituto de Bienestar Social (IBS) respondió a una serie de preguntas planteadas por el grupo de periodistas, con negativas respecto a las actividades que el decreto de creación les ordena. A la pregunta “¿Qué programas lleva ésta dependencia?”, José Juan Bustos Manzano, director de Control Estadístico y Padrón de Beneficiarios, responde: “El Instituto de Bienestar Social, no lleva a cabo ningún programa de tipo social por no contar con el presupuesto suficiente para implementarlos…”.

Así, a las interrogantes sobre cuántas personas han sido beneficiadas con las acciones de esa institución y que eventos han logrado avances para el bienestar de los chiapanecos, el mismo funcionario respondió que el IBS, “no lleva a cabo ningún tipo de acción para el bienestar social de Chiapas”, repitiendo el argumento de la falta absoluta de presupuesto. 

Por su parte y frente al cuestionamiento sobre el presupuesto del IBS, Alma Nallely Martínez Estrada, se limita a proporcionar la dirección electrónica de la institución, donde por cierto, los números confirman la gravedad del asunto. El presupuesto promedio raya entre los ocho millones y los ocho millones y medio de pesos mensuales. El desglose de cada 30 días arroja tantas dudas sobre la transparencia en el manejo de los recursos públicos.

Por ejemplo, vemos gastos superfluos como el pago de 19 mil 425 pesos por concepto de “vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos”. ¿Cómo? ¿Quién se compró ropa con dinero público? Las cuentas internas del IBS lo confirman: solo en el año 2016, en “servicios personales”, la dependencia erogó 6 millones 290 mil 430 pesos en remuneraciones adicionales y pago de estímulos, entre otros.

Otro gasto que llama la atención es el realizado para el pago de “científicos y técnicos” (no se especifica para que fines ni especialistas en qué rama) esa dependencia pagó 177 mil 958 pesos el año pasado. Esto llama la atención porque los gastos no cuadran con la declaración de no ejecución de programas. 

Si no tienen presupuesto, ¿para qué contratar a “científicos”? Por otra parte, también es notorio que de los 8 millones y medio, más o menos, de su presupuesto, desde su creación, hay un subejercicio de poco más de un millón de pesos que hasta hoy, no sabemos si se reasignan o se devuelven a la secretaría de Hacienda, de donde provienen los 28 empleados que laboran en el IBS.

Al provenir de Hacienda, se encienden los focos rojos: ¿Fue creado ese instituto para lavar dinero en beneficio de algún alto funcionario de esa dependencia? Un dato para alimentar las suspicacias: en diciembre del año pasado, ese instituto tenía un adeudo de 55 millones 630 mil dos pesos con 54 centavos. ¿A quién o quiénes se le debía esa cantidad? ¿De qué se debía si, claramente, sus funcionarios han informado al IAIP que no ejecutan ningún programa?

Revisando el portal del Instituto en cuestión, no aparece el nombre de David Araujo Guerra, quien se supone, es el director general. Aunque todos los informes financieros son avalados con su firma, no figura públicamente. La razón es simple: viola la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas.

Desde marzo del 2016, Araujo Guerra, empresario tamaulipeco, es delegado especial del PRI en Ciudad Victoria del estado de Tamaulipas. Ello, como bien sabemos, está prohibido por la referida ley y por tanto, el funcionario debería ser cesado de inmediato para fincarle responsabilidades y, desde luego, aplicarle la sanción prevista. 

Lo urgente es investigar y dar cuenta de los resultados de las indagaciones. Es claro que el IBS, es innecesario; es un gasto oneroso que no beneficia más que algún funcionario corrupto. Esperemos acciones contundentes.