Por Isaín Mandujano

Tuxtla Gutiérrez, Chis. (apro).-Activistas, líderes religiosos y comunitarios de la región de Chicomuselo denunciaron que la reactivación de las empresas mineras en esa región de la Sierra Madre incrementó la división en las comunidades, hostigamiento y riesgo de enfrentamiento entre sus pobladores.

Ejemplo de lo anterior es lo que vive la comunidad Ricardo Flores Magón, donde derivado del posicionamiento que mantiene un grupo de ejidatarios, de no permitir el paso de compañías mineras por esa comunidad –desde 2007 cuando cerraron el paso a la empresa Blackfire–, se expulsó a una decena de campesinos y se destituyó al agente municipal Rolando Hernández López.

Silvestre Hernández Sánchez, uno de los ejidatarios afectados –quien además es integrante del Comité para la Promoción y Defensa de la Vida Samuel Ruiz García–, explicó que la oposición a la industria minera nació debido a que durante los años en que estuvo activa la mina La Revancha, él y su comunidad sufrieron daños a su salud por el polvo que dejaban a su paso los camiones cargados de material.

“Diario pasaban 20 camiones o más, cargados de barita –mineral que extraen de las minas–, y el polvo que dejaban nos estaba enfermando los ojos, pues empezamos a padecer conjuntivitis, de tos, enfermedades gastrointestinales y el agua se empezó a contaminar. La asamblea estuvo de acuerdo en ya no permitir el paso de los camiones”, detalló.

La decisión de expulsar a Silvestre Hernández y al resto de los ejidatarios fue impulsada por campesinos que están a favor de abrir el camino para que, cuando se reinicie la explotación de la mina La Revancha, los camiones que transportan material usen esa vía, pese a que los desechos que van dejando han causado daños a la salud de los lugareños.

Además de la expulsión, se amenazó de muerte a los ejidatarios que participan en las labores de vigilancia para evitar que mineros entren a sus comunidades.

Los afectados identificaron a su agresor como Isidro López Alvarado, y por ello levantaron una denuncia penal, pero el caso se mandó al archivo.

“Estos hechos nos recuerdan el caso de Mariano Abarca Robledo, asesinado en noviembre de 2009 por oponerse a la explotación minera en Chicomuselo”, advierten los ejidatarios.

También señalaron que, en el caso de Abarca, antes de su muerte fue amenazado, denunció ante las autoridades los hechos y aun así no se detuvo la agresión que le quitó la vida.

Los ejidatarios refirieron que empresarios de Minera Barita de Chiapas, representados por Alfonso Alarcón, insiste en presionar a la población de Ricardo Flores Magón y del ejido Grecia, con el fin de que aprueben el reinicio de las actividades.

En Chicomuselo están vigentes 12 concesiones mineras, cuyos empresarios tienen autorización para la extracción, y su único freno es que aún no obtienen el permiso de la población que vive en la zona que va a ser impactada. Por ello buscan inhibir la oposición que provenga de las comunidades.

En este contexto, el Comité para la Promoción y Defensa de la Vida Samuel Ruiz García exigió al Estado mexicano la cancelación de las concesiones mineras toda vez que las comunidades afectadas han manifestado el rechazo a las mismas.

También pide la intervención de la Procuraduría Agraria a fin de que se reconozcan los derechos de los campesinos expulsados. “Nuestras únicas faltas han sido defender nuestros derechos, el derecho de todos y el derecho de la Madre Tierra”, expresó Silvestre a nombre de los expulsados.

Y finalmente exigen a las autoridades salvaguardar la integridad física de las personas defensoras de la tierra y el territorio en el municipio de Chicomuselo.