En la Mira / Héctor Estrada

*** Ineficacia ministerial alimenta impunidad en Chiapas

La reciente sentencia que declaró inocente al presunto homicida de Itzel Durán ha caído como “balde de agua fría” a la indignación y preocupación social generada por los crímenes de odio que han sacudido a la entidad chiapaneca. Los errores en el procesamiento de pruebas por parte de las autoridades ministeriales abrieron la puerta a la absolución del presunto homicida de uno de los crímenes transfóbicos más escandalosos de los últimos años.

De acuerdo a la sentencia emitida el pasado 13 de febrero por la Juez de Control y Enjuiciamiento, Renata Cabrera Sánchez, la cadena de custodia de varias pruebas acusatorias presentadas evidenció vicios (alteración, contaminación o destrucción) en el resguardo de las mismas, por lo que gran parte de las pruebas tuvieron que ser desechadas en el proceso de sentencia.

Los garrafales errores en el manejo de pruebas fueron tan básicos como lo sucedido con el traslado del vehículo del presunto asesino. Tras localizar la camioneta, aunque parezca increíble, los elementos de la Policía Especializada decidieron subirse al vehículo para conducirlo y llevarlo por su propia cuenta a la fiscalía. Se pasaron por alto el protocolo que los obligaba a evitar contaminar en lo mayor posible las pruebas y pedir el lógico arrastre del vehículo mediante una grúa. 

Se confirmó la detección de rastros de sangre pertenecientes a Itzel en pertenencias del presunto asesino, pero las deficiencias en el traslado y resguardo de las mismas terminaron por restarle valor comprobatorio. Y así, la Juez de Control y Enjuiciamiento enumeró muchas inconsistencias más que demeritaron las pruebas acusatorias y desencadenaron en una sentencia de no culpabilidad para Jonathan Miramontes.

A Itzel la mató el odio y la incompetencia está apunto de dejar impune su muerte. Las heridas más graves que le quitaron la vida ese fatídico día se empuñaron justo sobre zonas simbólicas de la feminidad: en los puntos corpóreos donde lo senos y el vientre tienen lugar. Ahí se hundieron las mayores expresiones de ira y odio. Fueron 30 minutos para que llegaran los primeros elementos de emergencias, pero la vida de Durán Castellanos, que legalmente respondía al nombre de Carlos Antonio, ya se había extinguido.

Sin embargo, pese al escenario evidente, asesinatos como el de Itzel aún no pueden ser tipificados como crímenes de odio. En los registros de la Fiscalía General del Estado de Chiapas este tipo de crímenes son etiquetados simplemente como homicidios calificados o gravosos (en la mayoría de los casos); donde pareciera que la orientación sexual e identidad de género son condiciones de nula relevancia en los asesinatos.

Y es que en Chiapas, como en gran parte del país, la no tipificación a este tipo de crímenes de odio dificulta el registro y la aplicación de penas más severas y procedimientos especiales, como sucede con el caso de los feminicidios. Casi su totalidad queda entre los archivos de otros homicidios tipificados o agravados. Así, los registros de la transfobia asesina sólo son posibles gracias a la documentación de asociaciones civiles.

El caso de Itzel Durán se perfila como la muestra más lastimosa de las deficiencias en la procuración de justicia. Los errores cometidos por la fiscalía han liberado a un presunto homicida para el que una vida costó sólo un año de prisión. La complicidad involuntaria (o no) de las autoridades abren paso a la impunidad, incentivan la violencia despreocupada y dilapidan todos esfuerzos desesperados por combatir los crímenes de odio en nuestra entidad… así las cosas.