En la Mira / Héctor Estrada

Más de un año nueve y meses han transcurrido desde que decenas de familias del ejido Puebla, del municipio de Chenalhó, fueron expulsados y desplazados de sus hogares por grupos paramilitares, presuntamente simpatizantes de la alcaldesa Rosa Pérez Pérez, y hasta ahora sólo han recibido mentiras, desentendimiento e incumplimiento de acuerdos por parte del “gobierno verde” en Chiapas.

El plantón indefinido iniciado hace sólo un par de días en el Parque Central de Tuxtla Gutiérrez es la última medida desesperada tomada por 249 personas (hombres, mujeres, ancianos y niños) desplazadas por la violencia partidista en aquel municipio chiapaneco. La disputa por el poder entre el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) han generado un escenario insostenible.

Como ya se había advertido, ni la resolución del Tribunal Agrario fue suficiente para dar solución al conflicto armado donde la violencia, la ingobernabilidad y la indiferencia suman más de 11 muertos, cientos de enfermos y cientos de personas desplazadas que siguen sin poder regresar a sus hogares.

La crisis humanitaria que enfrenta este región de la entidad chiapaneca es un problema que se agudiza con el paso de los días, mientras las autoridades enfocan sus esfuerzos a ocultar y minimizar los hechos lastimosos. No se ve salida inmediata, ni capacidad real del gobierno para resolver la situación, pero sobre todo para garantizar la seguridad y bienestar de los más de cinco mil desplazados forzados en toda la entidad.

La resolución a favor del municipio que gobierna Rosa Pérez no abonó en nada a la pacificación del conflicto. Más allá de las razones jurídicas, en el plano estrictamente político, la sentencia federal terminó dándole la razón al partido que gobierna Chiapas, fortaleciendo las intenciones del Partido Verde para imponerse en una zona de añeja tradición priista. Finalmente el origen del problema se mantuvo en las mismas circunstancias.

El gobierno de Manuel Velasco Coello no sólo ha incumplido con la solución del conflicto, sino también con garantizar el bienestar de las familias desplazadas. Pese a la minuta de acuerdo firmada por la Secretaría General de Gobierno el pasado 19 de septiembre de 2017, donde se comprometió a garantizar la atención a las necesidades básicas de los desplazados en lo que se resuelve el conflicto, hasta el momento nada ha habido de esas promesas.

Los han dejado solos, entre la indiferencia y el olvido. Manuel Velasco hoy, como durante gran parte de su administración, se encuentra más ocupado en atender los asuntos de su sucesión. Lamentablemente no se ve solución pronta para las familias de Chenalhó que ahora viven lejos de sus hogares. Ante los “oídos sordos” el conflicto seguramente será un asunto a postergar hasta que las condiciones y las voluntades sean distintas.

La reciente emisión de medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) parece una nueva ventana de posibilidades para finalmente obligaría a las autoridades a resolver la situación. Sin embargo, en honor a la honestidad y aunque suene pesimista, todo apunta a que el asunto habrá de destrabarse hasta que las nuevas autoridades electas también estén definidas… así las cosas.