Artículo Único / Angel Mario Ksheratto
Candidatos delincuentes
Preocupa la falta de criterios de justicia electoral en las determinaciones que afectan directa o indirectamente, todo el proceso de elecciones. El INE, con fallas y aciertos, determinó que las candidaturas independientes, no cumplieron con las expectativas de una sociedad harta de partidos políticos corruptos y corruptores.
Con ese fundamento, invalidó las candidaturas de Jaime Rodríguez Calderón y Armando Ríos Piter; éstos —junto con la sí avalada candidata Margarita Zavala—, incurrieron en graves delitos electorales, para la obtención de las firmas requeridas para lograr su registro ante las autoridades competentes.
La falsificación de documentos oficiales, según el Código Penal Federal, debe castigarse con penas de entre cuatro a ocho años de prisión. Los delitos se configuran, solo después que el ente investigador (en éste caso, la FEPADE), verifique, certifique y compruebe que los implicados, hayan puesto una firma imaginaria sobre un documento oficial o se falsifique una real; cuando, bajo engaños, promesas o coacción, se obligue a una persona a firmar papeles en blanco, se haya alterado el texto sobre el cual se plasmó una firma de manera libre, espontánea y consensuada…
Dicho Código, también establece que incurre en ése delito, quien lo haga con fines de obtener beneficios o pretenda causar perjuicios a la sociedad, al Estado o a particulares.
Es muy claro que los tres candidatos independientes, cometieron tales delitos. Ellos y no los “promotores” de las firmas, como argumentó Margarita Zavala de Calderón; porque los beneficiados directos, son ellos. Con esas firmas, falsas en su mayoría, hoy son candidatos delincuentes, término duro, si usted quiere, pero cierto y lamentable para la pulcritud que requiere el proceso electoral.
En el caso de la señora esposa del ex presidente Calderón, presentó más de 700 mil firmas falsas; ¿por qué no se le acusó en lugar de otorgarle licencia para competir por la presidencia de la República?
En lo tocante a Rodríguez Calderón, la cifra de delitos cometidos, es altísima; impresionante, vergonzante. Sin embargo, el Tribunal Electoral, lo habilitó y ordenó imprimir su nombre en la boleta electoral. Mal. Mal, porque se debió privilegiar la transparencia, la honradez, la pulcritud. Da la impresión que los magistrados de ese ahora sucio Tribunal, recibieron consignas para ensuciar aún más, un proceso electoral bajo sospecha.
Es un Tribunal que abona a la impunidad y agrega incertidumbre a un país que ha dejado de creer en los partidos políticos, las instituciones y ahora, en los pretendidos “ciudadanos independientes”, que resultaron más tracaleros que los detestados políticos tradicionales.
Hemos dicho que existe una ruptura total entre las instituciones electorales. Una cosa es la independencia y autonomía de cada una y otra, el distanciamiento insano que propicia competencias inusuales, que podrían estar encaminadas a concluir con un fraude electoral de grandes dimensiones.
De por sí, los candidatos abanderados por las coaliciones, gozan de mala fama; entre ellos, se acusan de corruptos, ladrones, mantenidos, incapaces… Si a eso le agregamos que los “independientes”, son en realidad delincuentes electorales, ningún buen panorama le espera al país. Solo cheque las “propuestas”: uno, dice estar dispuesto a acaba con la corrupción, y es acusado de negocios fraudulentos.
Otro, promete amnistiar a delincuentes de alto riesgo y a otorgar el perdón a funcionarios corruptos; pero se opone a que los expresidentes, reciban millonarias pensiones. Enfrente está el que se pronuncia a favor de seguir manteniendo parásitos que estuvieron usurpando la presidencia y promete encarcelar a todos los delincuentes. ¡Es el delirio dentro de la clase política!
Si algo faltaba al dudoso proceso electoral, el Tribunal lo aportó mediante una espantosa dosis de cinismo, incongruencia e irresponsabilidad. Lamentable situación de México.
