En la Mira / Héctor Estrada
*** México, con campañas millonarias y damnificados en las calles
Mientras los políticos siguen en campañas electorales, enfrascados en tremendas guerras de descalificaciones y absoluto derroche de recursos públicos, miles de familias aún viven en las calles, campamentos improvisados y hogares ajenos, después de perder sus viviendas durante los terremotos de septiembre de 2017.
A nueve meses de las tragedias sísmicas miles siguen sin recibir los apoyos o soluciones integrales prometidas por los tres niveles de gobierno y algunos partidos políticos que se comprometieron a atender su situación con evidentes fines electorales. Los días han pasado y para muchos las promesas siguen siendo palabras que no terminan de hacerse efectivas.
No es para menos. En Chiapas son más de 35 comunidades y miles de familias las que se han manifestado reiteradamente en reclamo a los recursos prometidos por el Fondo de Desastres Naturales (Fonden). A varios de ellos les entregaron tarjetas sin fondos o simplemente nunca se les entregaron los recursos. Pese a las denuncias y el escándalo público poco se ha hecho para aclarar tremendo lío.
Pero Chiapas no es la excepción. En Puebla son al menos tres mil damnificados los que permanecen sin recibir los apoyos gubernamentales. Apenas esta semana las familias damnificadas se manifestaron en la capital de aquella entidad denunciando que los recursos no han llegado a las manos de sus destinatarios, sino además están siendo utilizados con fines políticos para financiar las campañas electorales de los candidatos del gobierno estatal.
En la ciudad de México las cosas tampoco son tan distintas. De acuerdo a datos de organizaciones no gubernamentales, hasta la fecha un promedio de dos mil personas, principalmente del multifamiliar Tlalpan, permanecen habitando en campamentos instalados en plena vía pública debido a la demora e incumplimiento de las autoridades para reubicarlos de manera definitiva. Todo, mientras las autoridades capitalinas preparan ya un monumento a las víctimas con un presupuesto de 60 millones de pesos.
Hasta el momento, ni el gobierno federal, ni los gobierno estatales han ofrecido cifras precisas sobre la cantidad de personas que permanecen sin recibir solución a su situación como damnificados. Pese a los cuestionamientos insistentes de la prensa, las autoridades de los tres niveles de gobierno han preferido guardar silencio o ignorar (por lógica conveniencia) una situación tan apremiante en sus dimensiones reales.
Se trata de un numeroso sector vulnerable que ha sido prácticamente aplastado o invisibilidad por la vorágine electoral que aún no concluye. Miles de familias que parecen olvidadas entre el ruido o el desenfreno electoral, a la espera de que las definiciones finalmente lleguen y las nuevas autoridades electas puedan regresarlas al lugar prioritario que les fue arrebatado.
Es evidente que el gobierno de la república está ahora más entretenido en apoyar la campaña de su candidato presidencial y los gobierno estatales en sus propios relevos sexenales. Así, mientras el derroche de dinero en las campañas electorales parece no tener límites y resulta francamente insultante, para los damnificados de los terremotos pasados no hay dinero, ni atención efectiva… finalmente, según la lógica de las autoridades, ellos pueden seguir esperando… así las cosas.
