¿En manos de quién está el gobierno de Chiapas?
José Adriano Anaya
Hace unos días la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acordó la admisión del caso de la muerte de los 49 niños y niñas en el incendio de la guardería ABC, en Hermosillo, Sonora, que abre la posibilidad de investigar y sancionar a los responsables de estos crímenes por omisión. La tragedia sucedida hace once años, debe de servir de referente al gobierno de Rutilio Escandón, y preocuparse de lo que pueda pasar en los próximos años, en virtud de que los crímenes de lesa humanidad no prescriben, y en Chiapas se han venido tomando decisiones criminales en el manejo de la pandemia, en el que ha prevalecido la mentira, el ocultamiento de cifras reales de contagios y fallecimientos, falta de disponibilidad de los recursos necesarios para prevenir, proteger y garantizar la salud de la población, uso discriminatorio en la atención a los pacientes al crear una zona VIP en el ISSSTECH, y por negar la atención a enfermos en las denominados clínicas Covid, muchos de ellos fallecieron en los estacionamientos de los hospitales esperando ser recibidos o fallecieron en sus casas por la falta de atención médica.
La falta de toma de decisiones que caracteriza al gobernador, hacía prever que iba a ser un pésimo gobernante, pero las condiciones provocadas por la pandemia nos mostraron que Rutilio Escandón es la peor tragedia que podía sucederle a Chiapas. Su actitud es producto de una peligrosa combinación de un comportamiento frívolo y pusilánime, que se evidencia en el manejo que se le ha dado al caso del médico del ISSSTECH Gerardo Grajales Yuca, quien fue sometido a un exceso de persecución policíaca, en la que se empleó toda la fuerza del Estado para castigarlo, que ha mostrado ser más un pleito personal, que una intención real de castigar hechos de corrupción y abuso de autoridad como se quiere hacer creer.
El fin de semana ha circulado una grabación en las redes sociales, en donde se escucha la supuesta voz del médico Grajales Yuca, con la presunta denunciante de los actos que se le imputan al médico y que condujo a su detención. En esa comunicación se esclarecen varios aspectos. Primero, la existencia de una zona VIP que representa una discriminación en el acceso a los servicios de salud y una práctica sistemática de violación a derechos humanos; segundo, la supuesta denunciante textualmente manifiesta “el gobernador ha estado en contacto con nosotros para preguntarnos cómo vamos, cómo estamos”, lo que indica el involucramiento del gobernador en esta denuncia, situación que explica la arbitrariedad y el uso de la fuerza del Estado en un asunto meramente personal, en donde el fiscal general cumple instrucciones superiores, cuando éste representa a un organismo autónomo; y, tercero, en Chiapas existe un peligroso déficit de gobernabilidad, debido, sobre todo, a la falta de atención de la autoridad y donde se observa a un gobernador más preocupado por atender cuestiones personales que resolver los asuntos públicos que afectan a la sociedad chiapaneca.
¿En manos de quién está el gobierno de Chiapas? En el que se tolera y fomenta la fabricación de pruebas por parte de la fiscalía para incriminar a inocentes y donde el gobernador se deja dominar por sus emociones y que convierte en un asunto de Estado, una cuestión que no debiera ser trascendental, que corresponde al ámbito de la vida privada, y que provocó una ruptura del gobierno con el gremio de los médicos.
