Marco Alvarado

En México ocho de cada 10 personas que ejercen el trabajo sexual ha vivido violencia o discriminación por parte de policías; 69.2 por ciento de los clientes; 51.9 por ciento de transeúntes; 30.7 por ciento de jueces cívicos, y 28.3 por ciento de personal de hospitales, de acuerdo con la Segunda Encuesta de Trabajo Sexual, Derechos y no Discriminación del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

Lo anterior muestra que las trabajadoras sexuales viven y están expuestas a violencia física, sexual, emocional, familiar y económica; además, la falta de protocolos claros, el trato indigno, discriminatorio y basado en el estigma que reciben las trabajadoras sexuales por parte de autoridades, desalienta la denuncia de los actos de violencia en su contra.

La encuesta mencionada también reveló que 84.8 por ciento y 87.1 por ciento no denuncia estos actos por parte de particulares e instituciones, respectivamente.

Tampoco existen leyes federales que regulen el trabajo sexual en México, y las personas que ejercen el trabajo sexual se deben remitir a las legislaciones locales; sin embargo, solo cuatro de cada 10 personas que ejercen trabajo sexual tenía la seguridad de que el trabajo sexual no es ilegal, esto va de la mano con el hecho de que la criminalización o la ausencia de conocimiento del estatus legal del trabajo sexual en México agudiza las condiciones de vulnerabilidad.

Sobre este tema, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) considera necesario garantizar los derechos de las y los trabajadoras sexuales. En el caso de las mujeres víctimas de trata y explotación sexual deberán ser apoyadas con la aplicación de leyes y protocolos establecidos contra este delito; y con las mujeres que han elegido libremente ejercer el trabajo sexual se debe reconocer y respetar su agencia y capacidad de decidir sobre sus vidas y cuerpos, así como garantizar que sus condiciones de trabajo sean seguras, libres de violencia, explotación y discriminación.