Contrapoder || José Adriano Anaya
*** La actividad criminal en el gobierno de Rutilio Escandón
Con la narrativa de ocultar y negar la violencia en Chiapas, Rutilio Escandón abdicó a sus facultades y tareas como gobernante y dejó la entidad en manos del crimen organizado, y con ello se hizo responsable de las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y del enfrentamientos armados entre los cárteles, que se disputan el control territorial en Chiapas, que terminó provocando el crecimiento de la violencia y la inseguridad en la entidad. La responsabilidad directa del exgobernador, por omisión y aquiescencia, se debe por no haber tomado las medidas preventivas para evitar o remediar esta situación de violencia, provocada por particulares, esto a pesar de que tenía claro conocimiento de los sucesos, a punto tal que los negaba o simplemente ignoraba referirse a ellos.
Con su narrativa de negar y ocultar los hechos de violencia, así como el de evadir sus obligaciones para exigir la investigación con la debida diligencia de las desapariciones y ejecuciones extrajudiciales y castigo de los responsables, Rutilio Escandón, sobre la base de los hechos, enviaba a los grupos del crimen organizado mensajes claros de tolerancia y consentimiento a las acciones desarrolladas por estos grupos, que nunca fueron combatidos y cuando algunas cabezas importantes fueron detenidos, como sucedió con un personaje apodado “El Peligro”, se elaboraron carpetas de investigación en el que se contradecían los hechos, con la finalidad de que el juez de control ordenara la liberación, tal y como sucedió con ese personaje, que días después de su liberación fue quien coordinó el secuestro de los trabajadores administrativos de la secretaría de seguridad, que puso en ridículo al Estado y que fueron liberados después de que se cumpliera su principal demanda, que era la de la liberación de una cantante, que había sido secuestrada por el grupo rival.
Con solo ese acto se evidencian datos de la complicidad de autoridades de Chiapas con la delincuencia organizada, porque se obligó a funcionarios a que negociaran una liberación con un cártel, para que el otro liberara a los trabajadores administrativos de la secretaría de seguridad. Esta anécdota termina con el comentario expresado por el presidente de la república en su conferencia mañanera, en el que dijo socarronamente que se iba a quejar con los papás para que liberaran a los policías, comentario que ocasionó un sinnúmero de burlas, pero que realmente tuvo la eficacia necesaria, al enviar la petición a las cabezas importantes de ambos cárteles para que uno, liberara a la cantante secuestrada y el otro, pusiera en libertad al personal retenido de la secretaría de seguridad.
Con Rutilio Escandón, Chiapas vivió una situación real de narcogobierno, en donde se constituyó una delincuencia organizada entre los propios funcionarios de esa administración, que mantenían vínculos no sólo con el crimen organizado sino que ellos mismos delinquieron para enriquecerse utilizando en su provecho las responsabilidades públicas que desempeñaron. Ejemplo de ello son Uriel Estrada, responsable de la Auditoría Superior del Estado, que no solo impuso una cuota mensual a los presidentes municipales sino que obligó a los ediles a que realizaran una aportación para la campaña a la gubernatura del Estado, incurriendo en un grave delito electoral, en el que se deben de realizar las investigaciones correspondientes para determinar en dónde quedaron esos recursos, que finalmente eran públicos y Julio Rincón, director de comunicación social en el gobierno de Rutilio Escandón, en el que se autocontrató con servicios de publicidad, en revistas de su propiedad y en portales de noticias en donde él es el propietario, incurriendo en el delito de peculado y tráfico de influencias.
La delincuencia organizada de los funcionarios condujo a que se realizaran operativos encubiertos para detener con órdenes de aprehensión falsas a determinados personajes, que luego eran entregados en poder de la delincuencia organizada, algunos de ellos aparecieron muertos y decapitados y otros a la fecha permanecen desaparecidos. En aras del discurso de cero impunidad que el actual gobierno predica, es urgente y necesario que se realicen las investigaciones con la debida diligencia y el castigo correspondiente, en contra de estos comandantes que cometieron por acción, omisión y aquiescencia crímenes, que son crímenes de Estado.