Roselino Jiménez / ASICh
Lucio Reyes Aguilar Méndez, originario de la comunidad de Vicente Guerrero del municipio de Venustiano Carranza, aseguró que es una pena que a pesar de tantos pronunciamientos públicos que hacen las autoridades encargadas de la impartición de justicia en Chiapas aún prevalecen los vicios de impunidad y tráficos de influencias al mejor postor por parte de los fiscales del ministerio público.
Dijo que hace alrededor de 8 meses, tuvo la mala suerte de sufrir agresión física por parte del ex regidor y habitante de la misma comunidad, Octavio Coello Vázquez, quien de manera violenta y con alevosía lo hirió con un disparo de escopeta calibre 20 en la rodilla izquierda, lo que lo ha hecho convalecer y peregrinar con estudios y atenciones médicas debido a que le ha traído y dejado secuelas que han puesto en riesgo la pérdida de su pierna por la fractura sufrida por el balazo recibido.
Y lo más grave que está pasando y la impotencia con que ha frustrado es ver que la justicia no llega por parte de la autoridad como los fiscales del ministerio público que han manoseado la denuncia penal donde se asienta los hechos bajo el numero C.I.076-106-0413-2017, ante el fiscal del ministerio público Reynaldo Vásquez Pérez, quien en primer término actuó de manera dolosa ya que en lugar de girar una orden de localización y detención por la magnitud del delito que es lesión con herida de bala y disparo de arma de fuego lo que hizo fue girar citatorio de conciliación, ha puesto muchas trabas para consignar la denuncia ante el juez competente.
Indico que lo más grave y aberrante es que el agresor pesar de que me quebró de un balazo la rodilla y parte de mi pie izquierdo en el mes de abril del 2017, poniendo en riesgo mi vida, se ufana y se burla ya que presume que el goza de impunidad.
Presume que tiene dinero para comprar a la ley y por eso goza de privilegios e impunidad, ya que a dice inclusive que tiene comprada a las autoridades, lo cual puede ser verdad debido a la forma como actúan los fiscales y peritos de la Fiscalía General de Justicia, por lo que pidió la intervención del gobernador Manuel Velasco Coello. ASICh
