Letras Desnudas || Mario Caballero
*** Para nota nacional
El Partido Verde Ecologista lo está haciendo de nuevo. Está despojando a los pueblos originarios de su legítimo derecho de contar con un digno representante de sus intereses ante el Congreso del Estado. Pues quiere imponer a un político fifí en una diputación que por ley le corresponde una cuota indígena.
Recordemos que en 2018, en medio de un escándalo nacional, postuló a un alto funcionario de la administración anterior que se hizo pasar como indígena con documentos falsos. Entre las muchas cosas que se dijeron entonces, es que el Verde estaba siendo el vehículo para que éste alcanzara impunidad a través del fuero constitucional.
Se trató de Roberto Rubio Montejo, exsecretario Técnico del Gobierno del Estado, que fue postulado a diputado federal por el Distrito 11, en Las Margaritas.
El registró de su candidatura lo hizo por medio de un documento apócrifo, en el que aseguraba ser indígena tojolabal y ejidatario de la comunidad Jerusalén, ubicada a dos horas de la cabecera municipal de Las Margaritas. Incluso, con la firma de un supuesto agente municipal, de nombre Carlos Hernández Pérez, dijo haber trabajado durante seis años como representante del ejido ante la Secretaría de los Pueblos Indígenas de Chiapas.
Sin embargo, los ejidatarios lo desmintieron. Mediante una denuncia interpuesta ante el órgano electoral señalaron que en ese poblado nadie conocía al susodicho agente municipal y que a Rubio Montejo jamás lo habían visto en la comunidad, no estaba entre sus habitantes y mucho menos había sido su representante ante ninguna instancia del gobierno.
Pero por más alegatos y denuncias que hubo, Roberto Rubio asumió la diputación e, irónicamente, repitió por el mismo distrito en 2021.
AHORA EL AUDITOR SUPERIOR
Esta vez, al que el Partido Verde quiere pasar como indígena es a José Uriel Estrada Martínez, auditor superior del estado, al que ya ha nombrado candidato a diputado local por el Distrito 8, con cabecera en Simojovel.
Aunque la historia pareciera ser la misma, hay elementos que la hacen diferente a la anterior.
Para empezar, está la inconformidad de un grupo importante de militantes que no están de acuerdo con que su partido haya postulado a alguien que no es parte de ellos. Uriel Estrada viene de Morena y antes estuvo en las filas del PRD.
Es más, no fueron pocas las veces que se dirigió al partido con frases como “el Verde está lleno de corruptos y ladrones”.
A pesar de ello, ¿cómo logró la postulación? Simple, con tratos en lo oscurito. Se comenta que Estrada Martínez pagó varios millones de pesos por la candidatura, los suficientes para que hasta le perdonaran varios requisitos exigibles según los estatutos del mismo partido.
INELIGIBLE
Lo anterior, sin embargo, es tan sólo la punta del iceberg en esta historia plagada de irregularidades. Y es que al Verde se le podría caer la candidatura por dos razones fundamentales.
La primera, como ya lo mencionamos líneas antes, la diputación por el Distrito de Simojovel está reservada por ley a miembros de comunidades originarias, es decir, sólo alguien que pertenezca auténticamente a alguno de los grupos indígenas de esta demarcación electoral puede ser considerado para obtener esta candidatura. Y Uriel Estrada es un político mestizo.
Independientemente de su lugar de nacimiento, toda su vida personal y política la ha desarrollado en la capital del estado. Vive en Tuxtla Gutiérrez y se sabe que desde que comenzó en la administración pública tiene su residencia en esta ciudad. Primero, en uno de los muchos conjuntos habitacionales de interés social y, actualmente, en una residencia que construyó durante su gestión como auditor superior del estado por el rumbo del Club Campestre, según valuada en más de siete millones de pesos y puesta a nombre de su señora madre.
Por otra parte, todas las responsabilidades públicas que ha desempeñado han sido en este mismo municipio. Vea usted.
A mediados de los noventa fue fiscal Especial para el Caso Jaltenango en la extinta Procuraduría General de Justicia del Estado, tras el cual, once años más tarde, en 2006, fue apresado por los delitos de tortura y ejecución extrajudicial del líder campesino Reyes Penagos Martínez.
Aparte, de 2006 a 2011 fue director de Investigaciones Legislativas del Congreso local. De 2013 a 2015, ocupó el cargo de administrador general en el Consejo de la Judicatura del Estado y, en esta misma institución, fungió como coordinador de Administradores del Sistema Acusatorio, entre los años 2015-2018. Por último, desde enero de 2019 y hasta hace algunas semanas fue titular de la Auditoría Superior del Estado.
Por tanto, para que quiera hacerse pasar como indígena y habitante de alguna comunidad de Simojovel tendría que fabricar un documento apócrifo como el que presentó Roberto Rubio en 2018.
La otra razón es que por paridad de género, la candidatura por este Distrito electoral le corresponde a una mujer. Y se conoce que hay colectivos feministas que piensan manifestarse para exigir el cumplimiento de este principio legal.
Aquí dos razones suficientes que hacen impugnable la candidatura de Uriel Estrada. En otras palabras, que le imposibilitan ser candidato. Pero hay una más.
Existe la obligatoriedad de separarse del cargo por un periodo de tiempo determinado antes de obtener una candidatura.
El caso es que hasta el momento no se conoce un documento oficial que acredite que Uriel Estrada Martínez se separó del cargo en la Auditoría Superior del Estado. Hay, de manera extraoficial, una publicación en redes sociales por parte de este organismo que refiere su supuesta solicitud de licencia para dejar el puesto durante tres meses a partir del 16 de febrero.
A la sazón, la Comisión de Vigilancia y Anticorrupción del Congreso del Estado debería manifestar públicamente si señalada licencia es auténtica. Punto seguido, verificar si tras la fecha indicada cumple con los tiempos establecidos para obtener la postulación.
DESPOJO Y COMPLICIDAD
Mientras tanto, ha quedado nuevamente exhibido que el Partido Verde Ecologista está despojando a los pueblos originarios de su derecho a contar con un digno representante de sus intereses en el Congreso del Estado.
Algo más. Hay que aclarar que Uriel Estrada ha buscado tanto ser candidato a diputado no por querer representar a un sector de la población, sino por el fuero: por alcanzar impunidad.
No por nada ha impuesto en su lugar a un sucesor a modo, a Wenceslao Calderón Maza, quien desde el puesto de Auditor Especial de Planeación, Seguimiento e Informes ha sido uno de sus principales cómplices de los presuntos actos de extorsión contra los presidentes municipales. Nadie mejor para cubrirle las espaldas que alguien que también está embarrado en la misma porquería.
Y así como él podría estar impedido para ser candidato a diputado, Calderón Maza podría estarlo para ser titular de la Auditoría Superior. Pues al ser pariente cercano de la persona que renta el inmueble donde se encuentra ubicado ese organismo, cae en un claro conflicto de interés.
Dicho sea de paso, y para que lo sepa el Partido Verde, se conoce que el propietario del lugar le devuelve en efectivo a Uriel Estrada la mitad del importe de la renta mensual. Ahí la razón por la que ésta es tan excesiva.
yomariocaballero@gmail.com
