Letras Desnudas || Mario Caballero
*** El abogado protector del cártel inmobiliario
A lo largo de mi carrera como comentarista político he tratado innumerables casos de corrupción, pero muy pocos como el del llamado “Cártel Inmobiliario de Chiapas”.
Esta trama se parece a un forúnculo, mientras más lo exprimes más pus segrega.
La primera vez que escribí sobre este tema fue en junio de 2023. En esa ocasión expuse que el Cártel Inmobiliario era encabezado por tres principales personajes: Erick Romero Peimberth, Viviana Zuarth Flores y Gustavo Adolfo Flores, quienes fungían como representantes legales y jefes administrativos de un conjunto de empresas inmobiliarias a través de las cuales realizan ventas simuladas de bienes inmuebles como casas, departamentos y terrenos en diversos fraccionamientos de Tuxtla Gutiérrez.
También describí su modo de operar. Por ejemplo: enganchan a un cliente con la venta de una casa en tal o cual fraccionamiento, que una de sus compañías inmobiliarias se encarga de gestionar, paso seguido exigen el pago de un anticipo y una vez firmado el contrato de compraventa pactan una fecha de entrega. Sin embargo, o nunca entregan la casa, o la que entregan ya se la vendieron a otro cliente o tiene escrituras falsas.
Bajo esta práctica los tres personajes arriba citados han defraudado a cientos de personas durante más de diez años.
Una de ellas es doña Guillermina Flores López, quien falleció sin recibir justicia por el fraude del que fue víctima. A ella le robaron un terreno de tres y media hectáreas, donde el Cártel Inmobiliario construyó un complejo residencial de 91 casas, conocido como “Fraccionamiento Ámbar”, localizado sobre la 15ª. Poniente Norte de la ciudad capital.
De acuerdo con declaraciones de María del Rosario Gómez, hija de Guillermina Flores, el trato fue hecho con Romero Peimberth y su consorte Viviana Zuarth, quienes se presentaron como representantes de la empresa Grupo Constructor Líneas del Sur, pero estos nunca pagaron un solo peso por el terreno que han usufructuado durante muchos años. Pues el valor de las casas en dicho fraccionamiento ronda entre los 3 y los 5 millones de pesos.
La segunda vez que abordé este tema fue a mediados de abril de este año. Lo hice en concordancia con la serie de reportajes publicados por el Diario de Chiapas (que recomiendo leer), en los que se documenta la metodología del fraude, la lista de las inmobiliarias implicadas y de los fraccionamientos; exponen, asimismo, testimonios de algunas de las víctimas y revelan los nombres de varios funcionarios que se prestan a la falsificación de registros y claves catastrales, así como los de los notarios que certifican y dan fe de las escrituras de los inmuebles objeto de la estafa.
Algo más. Estas investigaciones periodísticas descubrieron el origen de la impunidad en torno a los líderes de esta mafia, donde resaltan los nombres de dos personas. La primera, Leticia Flores, madre de Viviana Zuarth Flores, quien desde los tiempos en que gozó de la cercanía con la expresidenta del DIF estatal, Leticia Coello, tuvo arreglos con ciertos mandos de alto nivel en el Poder Judicial del Estado para que las denuncias en contra de su hija, su yerno y de Gustavo Flores no caminaran.
La otra persona es la secretaria general de gobierno, Cecilia Flores Pérez, quien en lugar de ser un monumento a la integridad y la rectitud en el servicio público, utiliza sus influencias para presuntamente dar impunidad a estos delincuentes de cuello blanco. Ella es prima de Gustavo Flores.
LA SARDINA
Hoy toca hablar de otro personaje que no fue mencionado en ninguno de los artículos y reportajes antes señalados, pero al igual que Cecilia Flores y Leticia Flores también juega un papel fundamental en la protección de los líderes del Cártel Inmobiliario.
Se trata de Antonio Flores Flores, nada más y nada menos que el presidente de la Asociación de Abogados Chiapanecos, A.C. Quién diría que un profesional que basa su formación en leyes, valores, principios, normas morales y un estricto código de ética, estaría metido hasta la médula en uno de los escándalos de corrupción y tráfico de influencias más sonados en la historia de Chiapas.
Es originario de la ciudad de San Cristóbal de las Casas, donde estudió la carrera de Derecho, pero por alguna razón desconocida para este columnista es conocido en el oscuro mundo de las apuestas clandestinas y en los pasillos de los órganos jurisdiccionales como “La Sardina”. Aunque, a la verdad, el apodo ya la queda demasiado pequeño, y le diré por qué.
Fuentes a Letras Desnudas revelan que Antonio Flores es el defensor legal de cabecera de Erick Romero Peimberth y de toda su estructura criminal. Siendo además primo de Gustavo Adolfo Flores y tío de Viviana Zuarth. Bien se dice que los que mejor se conocen, disfrutan de una complicidad sin igual.
Las sardinas, como bien sabemos, son peces de costumbres gregarias y migratorias. Nunca nadan solas, sino forman grandes bancos y realizan largas migraciones para reproducirse y alimentarse.
El abogado Flores Flores tampoco nada solo. Según mis informantes, utilizando de parapeto el cargo de presidente de la barra de abogados ha tejido una importante red de complicidades en la que están coludidos algunos funcionarios y exfuncionarios de distintos órganos de justicia en el estado.
Uno de ellos es Segismundo Rotter Díaz, exfiscal de Procedimientos Penales en la Fiscalía Metropolitana de Chiapas. Otro es Inocencio Hernández Urbina, exjuez de Control del Centro Estatal Preventivo Número 01, “El Canelo”. Pero entre todos el que más goza de su confianza es Armando Pérez Narváez, exfiscal de la Metropolitana, quien según fue el encargado de permitir que las carpetas de investigación en contra de Romero Peimberth y sus secuaces fueran integradas con incontables y evidentes irregularidades.
¿A cambio de qué Antonio Flores mete las manos al fuego y hasta pone en riesgo su licencia?
Se entiende que tenga parentesco con los principales líderes de la agrupación, pero si partimos de la premisa de que nadie hace favores y menos de este tipo a cambio de nada, entonces es de suponer que también recibe una buena tajada por traficar influencias y hasta por mentirle a la autoridad alegando problemas de salud de los inculpados para que estos no acudan a las audiencias. Pues se dice que en contubernio con un médico, expide certificados para justificar las inasistencias.
Por si fuera poco, Antonio Flores también está señalado de repartir sobres amarillos con funcionarios de distintas instancias judiciales para detener los más de 20 procesos penales en contra de los representantes del Cártel Inmobiliario. Como podemos ver, no sólo el perro baila con dinero sino también algunos jueces que faltan a la integridad, honestidad y moralidad que debería distinguir a los defensores.
¿PA´ CUÁNDO?
La impunidad que rodea este caso es una tragedia monumental. Estoy seguro que si se sigue exprimiendo saldrá mucha más pus, en la que quizá muchos otros nombres de funcionarios y gente influyente en el ámbito judicial estén embarrados.
Es imperdonable que los órganos que deberían garantizar la aplicación irrestricta de la ley en función de castigar a los criminales, estén sirviendo de obstáculo.
Mucha razón tenía el exgobernador Manuel Velasco Suárez cuando dijo que “la justicia no es la que se vende, es la injusticia la que se compra”.
FOTO: Antonio Flores Flores, presidente de la Asociación de Abogados Chiapanecos, A.C.
