Adolfo Luján

De acuerdo con el fiscal electoral de la Fiscalía de Delitos Electorales (Fisel) de la Fiscalía General del Estado (FGE), Ernesto López Hernández, desde el 4 de enero a la fecha se han integrado 519 expedientes vinculados con denuncias asociadas a las votaciones; de ese número, 67 fueron  resueltas y las otras están en trámite.

Es decir, hay un proceso para llevar a cabo los actos de investigación, peritajes, declaración de testimoniales y todo lo que marca la ley procesal penal.

Lo más recurrente que se denunció, enfatizó, se asoció con la solicitud del voto por dinero, condicionar a subordinados a realizar proselitismo, difundir información falsa, pedir el sufragio a cambio de alguna dádiva o despensa.

Durante el desarrollo de las votaciones, calculó, se recibieron 36 denuncias; 15 fueron atendidas de forma directa a través de diversos medios, el resto fueron consideradas pero en otras partes de la entidad.

Comentó que el proceso electoral continúa en el sentido de que hay medios de impugnación de los resultados. En la Fiscalía, dijo, están atendiendo las quejas que lleguen, recordando que la dependencia no está sujeta a las leyes electorales y los periodos de investigación tienen otra ruta.

El fiscal electoral detalló que las denuncias que han recibido, también se vinculan con la obstrucción a las tareas de los funcionarios electorales, en algunos casos el desarrollo del escrutinio y cómputo y en otros, el traslado de paquetería electoral.

López Hernández puntualizó que en todo el trabajo que están haciendo se lleva a cabo el desarrollo del mecanismo de investigación. La validez de las votaciones tienen su plazo, pero los delitos denunciados pueden seguir su curso.

El fiscal electoral recordó que, con base en lo establecido en la ley, se prevén sanciones para quienes resulten responsables, con penas que van de seis meses hasta 11 años de prisión, incluso multas de hasta cinco mil días de salario mínimo.

En caso de que algún servidor público esté involucrado, también puede aplicar la inhabilitación del cargo o perder sus derechos político electorales en el plazo que constituya la sentencia.

Finalmente, insistió que la Fiscalía de Delitos Electorales continuará con los trabajos de investigación respecto de los hechos que fueron denunciados; incluso, están abiertos a recibir más demandas en caso de que así lo considere la ciudadanía.