Letras Desnudas || Mario Caballero 

*** Hipócrita 

Voy a empezar con lo más importante. Estoy absolutamente de acuerdo con que se exija una investigación profunda y se esclarezca el homicidio de Víctor Alfonso Culebro Morales, director del portal de noticias Realidades. Condeno tajantemente la muerte de este periodista que semanas previas a su desaparición estuvo informando sobre los crímenes violentos que se cometían a diario en Cintalapa, municipio donde residía, y sobre las crecientes desapariciones en la localidad, llegando a registrar alrededor de 27 personas.

Su asesinato se trata de un acto reprobable que merece ser castigado con todo el peso de la ley. Todavía no sabemos el motivo, pero ningún periodista debería ser blanco de ataques y menos ser privado de la vida por ejercer su libertad de expresión y de prensa.

México debe dejar de ser el país sin guerra más peligro para los periodistas, donde cada 13 horas ocurre un ataque contra algún medio de comunicación o algún miembro de la prensa. Para más inri, el 98 por ciento de estos delitos quedan impunes.

Insisto para que quede bien claro: condeno el homicidio de Víctor Culebro Morales y apoyo a todos aquellos que se han pronunciado por el castigo a los criminales.

Punto.

PERO… ¡POR FAVOR!

Dicho y reiterado esto, me parece una portentosa hipocresía que Juan José Zepeda Bermúdez haya salido a emitir un posicionamiento contra este crimen y pida una investigación hasta las últimas consecuencias.

Para empezar, durante los seis años que ha estado al frente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Chiapas no había mostrado empatía hacia los periodistas que han sido agredidos de alguna u otra manera.

No han sido una, sino muchas veces que distintos reporteros, cubriendo una protesta o una manifestación social, han sido insultados, despojados de sus herramientas de trabajo e incluso golpeados, y él y la institución a su encargo no han soltado ni la más pequeña de las condenas.

Reiteradamente, Zepeda Bermúdez ha sido un ombudsperson indiferente. Y ejemplos de ello, hay muchos.

En junio de 2020, verbigracia, representantes de indígenas desplazados de los ejidos Tenango y Cintalapa, del municipio de Ocosingo, y del paraje Shulvó de Zinacantán, acudieron a las oficinas de la CEDH en Tuxtla Gutiérrez para solicitar la intervención del organismo para encontrar una solución que les permitiera recuperar sus tierras o ser indemnizados con un nuevo lugar donde pudieran establecerse con sus familias.

Empero, no sólo no fueron atendidos por los trabajadores de la CEDH, sino que éstos los dejaron encerrados en las oficinas, bajo llave, al concluir su horario laboral.

Estas personas detallaron que el 20 de marzo de ese mismo año el director Jurídico, Gonzalo López Nandayapa (hoy secretario ejecutivo), y José Luis Armendáriz González, entonces director de Estudios y Proyectos de ese organismo, habían firmado una minuta en la que quedó establecido que el 31 de marzo se emitiría una recomendación a su favor, cosa que nunca sucedió.

Así, no sólo incumplieron con los acuerdos de la minuta, sino al momento de ser interpelados su respuesta fue el agravio. Encerraron a esas personas, quienes fueron tratados como animales por la institución que se supone debería proteger sus derechos humanos.

Hay otros casos que revelan la presunta corrupción de Juan José Zepeda con políticos y funcionarios del gobierno estatal, donde podría haber el pago de sobornos a cambio de protección.

Uno de estos data de diciembre de 2022. Fecha en la que se dio a conocer un video en el que se observa al visitador Osman Ruiz Solís, representante personal de la visitadora general Especializada de Atención de Asuntos de la Mujer, Claudia Ruiz Coutiño, maltratar a una mujer a la que además le niega terminantemente la debida defensa ante el delito de violencia de género cometido en su contra. Sucede que esta joven mujer fue presuntamente acosada por el alcalde de Tonalá, Natividad de los Santos Miranda.

Este caso sigue impune. La CEDH simplemente engavetó el expediente con el supuesto afán de proteger al libidinoso presidente municipal, que no sólo está acusado de acoso sexual, sino también de desvío de recursos públicos y enriquecimiento ilícito.

Hay otro caso en el que es todavía más clara la intención de Zepeda Bermúdez por proteger a servidores públicos corruptos y abusivos. Se trata del desacato de la Recomendación 73/2022 que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos le emitió debido a la insuficiente investigación realizada por la CEDH relacionada con dos quejas en contra de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Fiscalía General del Estado, que fueron abiertas por la probable detención de una persona sin orden judicial, posible tortura y omisiones al debido proceso.

De acuerdo con declaraciones de las víctimas, tuvieron que impugnar la Recomendación CEDH/01/2021/R, emitida el 27 de enero de 2021, ya que era evidente la intención del ombudsperson por favorecer a los victimarios y no a las víctimas. Sin embargo, hasta donde se conoce Zepeda Bermúdez sigue sin corregir la investigación que le ordenó el máximo órgano defensor de los derechos humanos.

CORRUPCIÓN Y SUELDAZO

Por todo ello, Juan José Zepeda es un hipócrita.

Sólo cuando le conviene sale a expresar su condena contra los crímenes cometidos a los chiapanecos, como en el caso del periodista Víctor Culebro Morales. La mayoría del tiempo es indiferente.

No entiendo cómo puede tolerarse que alguien como él continúe al frente de la institución, ya que aparte de su negligente e inexistente función se suma la corrupción, nepotismo, tráfico de influencias y abusos de poder que han caracterizado su desempeño como defensor de los derechos humanos.

Se sabe que empresas como Festejo & Celebra, Servicio de Eventos, S.A. de C.V., entre otras de las que es socio o están ligadas a su familia, han recibido contratos importantes de proveeduría y servicios durante todos estos años que lleva al frente de la CEDH.

También se conocen las denuncias por acoso laboral y hostigamientos, por las que un grupo de trabajadores de la misma institución ha solicitado un juicio político en su contra.

Asimismo, ha violado el artículo 52 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas al contratar con altos sueldos a varios miembros de su familia. Como Enrique Pimentel González, su concuño, al que colocó primero como coordinador General y después como secretario Ejecutivo.

A todo esto, se sabe que Juan José Zepeda es uno de los ombudsperson mejor pagados del país, con un sueldo mensual de 231 mil 466 pesos, que ya con las deducciones específicas e impuestos queda en la friolera suma de 159 mil 513 pesos, una cifra muy superior al salario del gobernador Rutilio Escandón, que ronda los 60 mil cada mes.

Por si fuera poco, por ser la CEDH un organismo autónomo, no entrega cuentas de los más de 10 millones de pesos que recibe cada año para su funcionamiento. Pero ante la falta de un trabajo a favor de la promoción, estudio y defensa de los derechos humanos, no cabe duda que los chiapanecos estamos pagando un elefante blanco.

Ojalá que la Nueva ERA de Chiapas revise con lupa el inútil desempeño de Juan José Zepeda, ya que ese es su saldo al día de hoy.

yomariocaballero@gmail.com