Daniela Alfaro

Organizaciones de derechos humanos han alertado sobre el incremento de la violencia y el reclutamiento forzado de civiles en Chiapas, resultado de la disputa territorial entre grupos del crimen organizado en la frontera entre México y Guatemala. Desde el 14 de julio, al menos 14 municipios de las regiones Sierra y Fronteriza han sido escenario de estos enfrentamientos.

Los reportes indican que los grupos armados están forzando a civiles de municipios como Frontera Comalapa, Chicomuselo, La Grandeza, Bella Vista y Siltepec a unirse a sus filas. Además, se han registrado ejecuciones de estos civiles, particularmente en Chicomuselo y Zacualpa. Esta violencia ha generado un ambiente de terror, obligando a muchas comunidades a desplazarse.

Grupos criminales han establecido al menos 26 bloqueos en carreteras y caminos rurales en municipios como Motozintla, El Porvenir y Mazapa de Madero, utilizando vehículos blindados y drones con granadas. Estos bloqueos han paralizado la movilidad en la región, empeorando la situación para los habitantes que intentan escapar del conflicto.

El 20 de julio, la situación se intensificó con el cerco a varias comunidades, incluidas cabeceras municipales como Chicomuselo. Las organizaciones de derechos humanos, como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, han subrayado el riesgo inminente para la población civil y han solicitado una intervención urgente del gobierno para proteger a los afectados.

Las ONG han exigido al Estado mexicano que tome medidas inmediatas para garantizar la seguridad de los civiles en los municipios afectados. Insisten en que la intervención gubernamental es crucial para detener la violencia y proteger a las comunidades desplazadas que están siendo expuestas a peligros adicionales debido a los enfrentamientos armados.

El Movimiento Sueco por la Reconciliación y otras organizaciones internacionales también han expresado su preocupación por la crisis en Chiapas. Han pedido acciones concretas para abordar la crisis humanitaria y asegurar la protección de los derechos humanos en la región, subrayando la necesidad de una respuesta coordinada y efectiva para mitigar el impacto de la violencia y el crimen organizado en la vida de los civiles.