* Denunciaron la inacción frente a la violencia que obliga a los civiles a servir como escudos humanos y ha provocado desplazamientos masivos hacia Guatemala.
Redacción / Alfaro Noticias
Integrantes de la Iglesia Católica han lanzado un llamado urgente al gobierno federal y estatal para restablecer el estado de derecho en los municipios de la Sierra de Chiapas, frontera con Guatemala. En un comunicado, el obispo emérito de la Diócesis de Tapachula, Jaime Calderón, y 15 sacerdotes acusaron al presidente Andrés Manuel López Obrador de ser indiferente y cómplice ante la violencia provocada por enfrentamientos entre cárteles que trafican drogas, armas y migrantes.
El comunicado denuncia que los habitantes de la Sierra viven secuestrados en sus comunidades, obligados a pagar extorsiones y a participar como escudos humanos en los enfrentamientos. Los sacerdotes reclaman que la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano no intervienen para proteger a la población, pese a su presencia en la región.
“¿Hasta cuándo van a vivir tratando de esconder una realidad triste y dolorosa que nosotros cargamos día a día?”, preguntaron los religiosos en el escrito. Denuncian que la población es amedrentada, amenazada y forzada a servir como escudos humanos durante los conflictos entre los cárteles.
Los religiosos también hicieron un llamado a las comunidades para no callar la situación de violencia y derramamiento de sangre, instándoles a compartir sus historias y buscar apoyo más allá de sus territorios. Pidieron también a aquellos que trabajan para los cárteles, sometiendo y amenazando a sus propios hermanos, que se arrepientan y “enmienden el camino”.
La Diócesis de Tapachula acusó a la Guardia Nacional y al Ejército de complicidad con los cárteles, señalando que su inacción permite que los grupos criminales operen libremente. Este panorama de violencia ha provocado que cientos de personas busquen refugio en Guatemala, como confirmó el presidente guatemalteco Bernardo Arévalo.
Por último, los sacerdotes pidieron que la transición en el gobierno federal y estatal no sea un pretexto para olvidarlos, exigiendo que las nuevas administraciones se comprometan a abordar la crisis de seguridad en la región.
