Daniela Alfaro

La comunidad de Tila ha emitido una severa denuncia pública contra la corrupción y la inacción gubernamental frente a la violencia que ha asolado el municipio. En un comunicado difundido el 30 de julio, los residentes y ejidatarios expresan su desesperación ante la continuidad de los ataques que comenzaron el 4 de junio, que incluyeron despojos, asesinatos, secuestros y violaciones, además de una alarmante falta de respuesta de las autoridades.

El comunicado detalla que dos cárteles, están negociando la liberación de seis delincuentes detenidos en la región. Esta maniobra es vista como una amenaza para la paz y la justicia en Tila, dado que se sospecha que las negociaciones buscan perpetuar la impunidad y la violencia. La denuncia enfatiza la preocupación de la comunidad sobre la posibilidad de una nueva masacre, similar a la del 4 de junio.

Asimismo, en el comunicado critican al gobierno municipal de Tila y a sus intermediarios, por presionar para la liberación de los delincuentes detenidos, a pesar de la grave situación en la región. Los denunciantes acusan a las autoridades de intentar encubrir la violencia en lugar de enfrentarla directamente, mencionando que las comunidades vecinas han sido devastadas y que las amenazas persisten, incluso con presencia militar en la zona.

Además, la denuncia incluye críticas hacia el delegado de gobierno Alejandro Jiménez Jarquín, a quien se le atribuye una falta de firmeza que ha contribuido a la inestabilidad. También se menciona la influencia negativa de ciertos líderes locales, como el cacique Limber Gutiérrez y el párroco Heriberto Cruz Vera, quienes, según los denunciantes, han exacerbado la crisis con su ideología radical.

A pesar de las mesas de trabajo establecidas, la comunidad considera que estas solo han servido para maquillar el problema sin ofrecer soluciones efectivas. Los habitantes de Tila exigen una aplicación estricta del estado de derecho y la ejecución de las órdenes de aprehensión para los delincuentes, advirtiendo que cualquier medida que no garantice justicia podría desencadenar un segundo desplazamiento masivo.