Daniela Alfaro
La violencia en Chiapas ha incrementado alarmantemente, provocando el desplazamiento de cientos de personas y el reclutamiento forzado de jóvenes por parte de grupos criminales. La canciller Alicia Bárcena informó que alrededor de 400 mexicanos han huido de Amatenango desde el 23 de julio, buscando refugio en Guatemala.
México y Guatemala acordaron realizar operaciones conjuntas de seguridad en la frontera para enfrentar la violencia de los cárteles. Esta colaboración incluirá acciones terrestres y aéreas, así como una reunión de alto nivel del Grupo de Alto Nivel de Seguridad México-Guatemala a finales de agosto. Ambas naciones buscan mantener una comunicación constante para coordinar sus esfuerzos.
El presidente Andrés Manuel López Obrador, junto con la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum, inauguró el puente La Concordia, que conecta Chiapas con Guatemala. Durante el evento, López Obrador aseguró que su gobierno ya está interviniendo en la región afectada. “No me ha gustado lo que ha estado pasando últimamente, ya estamos interviniendo”, declaró el mandatario.
Grupos armados han irrumpido en comunidades de la sierra chiapaneca, forzando a jóvenes a unirse a sus filas. En una entrevista para medios nacionales, un joven de Frontera Comalapa, que escapó de ser reclutado, reflejó la desesperación y miedo de los habitantes. La Red Todos los Derechos para Todas y Todos denunció que el 50 por ciento de los jóvenes en algunas comunidades han sido reclutados por estos grupos.
La situación es particularmente preocupante en municipios como Frontera Comalapa y Amatenango de la Frontera, donde los enfrentamientos entre bandas criminales han dejado a la población civil atrapada en el fuego cruzado. Las autoridades han ofrecido albergues en Tapachula, pero muchos desplazados prefieren quedarse cerca de sus comunidades en Guatemala.
En respuesta a esta crisis, las autoridades mexicanas se comprometieron a implementar programas de apoyo social y atención a la salud en las comunidades afectadas, incrementando la presencia del ejército en la zona. La comunidad internacional y organizaciones de derechos humanos continúan monitoreando la situación, instando a las autoridades a proteger a los civiles y garantizar su seguridad.
