*Los jueces y juezas ahora están atados de manos y ya no podrán valorar las pruebas existentes para determinar si una persona debe permanecer en la cárcel para enfrentar su proceso penal, advirtió Santiago Aguirre.

Ciudad de México, 03 ENE.-La reforma al artículo 19 constitucional que impone prisión preventiva automática a por lo menos 20 delitos y que además prohíbe cualquier interpretación para conceder libertad provisional a un imputado, otorga mayor poder a las Fiscalías y Ministerios Públicos corruptos para extorsionar a las personas, advirtió el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro ProDH), Santiago Aguirre.

En una entrevista para ‘Aristegui en Vivo’, Aguirre Espinosa agregó que el párrafo añadido al artículo 19 constitucional para prohibir cualquier interpretación que inaplique la prisión preventiva oficiosa o automática invocando las sentencias que ha dictado la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en contra de México por este tema, también ata de manos a jueces y juezas para poder conceder libertad provisional a una persona.

El abogado especializado en derechos humanos advirtió que esta nueva reforma en materia de prisión preventiva oficiosa viola derechos humanos y es regresiva, sino que empodera aún más a las fiscalías de los estados y a la Fiscalía General de la República (FGR), a pesar de que la principal causa de impunidad es la mala actuación de los ministerios públicos para perseguir los delitos.

Santiago Aguirre agregó que imponer la prisión oficiosa o automática beneficia la corrupción de las fiscalías y no permite a los jueces valorar las pruebas que hay para dejar en prisión a una persona.

“La prisión preventiva oficiosa le sigue dando herramientas ilegítimas al ministerio público para que continúe con su desempeño ineficiente, hoy las fiscalías están más empoderadas que nunca porque no fueron reformadas y se señaló sólo al Poder Judicial como artífice de la impunidad, por eso hoy las fiscalías que no fueron reformadas y que tienen prácticas de corrupción, tienes más armas para extorsionar y coaccionar”.

Más inocentes a la cárcel

Recordó que la mayoría de las liberaciones obedecen a que las Fiscalías no investigan de forma adecuada un delito, hacen detenciones arbitrarias y torturan a los imputados para obtener falsas confesiones, por lo que finalmente durante el proceso penal no pueden presentar pruebas y se caen los casos.

Dijo que todo lo anterior va contribuir a que haya más casos de personas que siendo inocentes son encarceladas de forma injusta como fue el caso de la indígena mixteca Jovita Flores, liberada hace una semana tras comprobarse su inocencia y pasar 10 años en prisión por una falsa acusación de secuestro.

Los jueces y jueces quedan atados de manos y ahora ya no pueden hacer interpretación de una ley con el principio pro persona, se zanja un debate que estaba pendiente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y se puede encerrar a una persona con total ausencia de pruebas”, sentenció.

El abogado especializado en derechos humanos consideró que la situación se agrava con la reforma judicial y la elección de jueces y magistrados por medio de listas que ya fueron analizadas y filtradas por el Senado y la Cámara de Diputados, ya que ahora los impartidores de justicia podrían tomar resoluciones impulsados por tratar de ganar una elección o beneficiar a quienes los apoyaron durante su campaña, por lo que será más difícil que emitan resoluciones para liberar a una persona, aun cuando existan pruebas de su inocencia.

Con información de Aristegui Noticias