La creación de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) en Chiapas se anunció como un avance en seguridad. Un cuerpo élite, preparado para enfrentar la violencia con disciplina y eficacia.
Sin embargo, a dos meses de su despliegue, la esperanza se transforma en miedo, la confianza en recelo y la admiración en decepción.
Extraoficialmente se sabe de los recientes cambios en la Secretaría de Seguridad del Pueblo no son casualidad. Por órdenes del gobernador Eduardo Ramírez, el subsecretario Juan Valerio Gómez Zamora y dos mandos de la FRIP fueron obligados a renunciar en medio de acusaciones de corrupción y abuso de autoridad.
Un intento de lavado de cara que, lejos de resolver el problema, confirma lo que ya era un secreto a voces: los Pakales no están funcionando como se prometió.
El miedo como estrategia. La FRIP no ha logrado consolidarse como una fuerza de seguridad confiable. Sus operativos han sido denunciados por prepotencia, detenciones arbitrarias y abuso de poder.
Chiapanecos que han sido víctimas de estos despliegues narran historias que recuerdan más a un estado policial que a una estrategia de prevención del delito.
En Tuxtla Gutiérrez, un joven emprendedor, dueño de un negocio de lavado de autos, cuenta que fue interceptado sin motivo aparente. Su único delito: manejar un coche que «parecía sospechoso».
A pesar de identificarse y explicar su actividad, lo interrogaron con agresividad, revisaron su vehículo y lo trataron como un delincuente.
En Chiapa de Corzo, los propietarios de bares y restaurantes denuncian que los Pakales irrumpen en sus establecimientos con armas largas, sin explicaciones claras y generando terror entre clientes y trabajadores. «No preguntan, acusan. No investigan, señalan. No protegen, atemorizan», relata uno de los afectados.
Pero quizá el caso más alarmante es el de un ciudadano en Tapachula, quien fue detenido mientras sacaba dinero de un cajero automático. Sin motivo, los agentes revisaron su teléfono, su historial de mensajes y lo fotografiaron con su identificación. ¿El argumento? «Estar en un grupo de noticias en WhatsApp es sospechoso».
Aparicio Avendaño: negar lo evidente Frente a estas denuncias, el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, ha optado por la negación.
En lugar de reconocer los abusos y tomar medidas correctivas, minimiza las quejas y defiende la actuación de la FRIP. Mientras la ciudadanía acumula testimonios de atropellos, él se enfoca en desmentir en lugar de corregir.
Su estrategia de comunicación parece más una campaña de control de daños que un verdadero compromiso con la seguridad. Sin embargo, la realidad se impone.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) ya investiga tres quejas de oficio contra los Pakales, un claro indicador de que las irregularidades no son inventos ni exageraciones.
¿Seguridad o simulación?La pregunta es inevitable: ¿para qué se creó la FRIP realmente? ¿Para proteger a la ciudadanía o para ejercer un control basado en el miedo? El respeto y la confianza no se imponen con armas y despliegues intimidantes, se ganan con justicia y profesionalismo.
Si el gobernador Eduardo Ramírez no rectifica, el supuesto avance en seguridad se desmoronará como un castillo de naipes. Los chiapanecos no son ingenuos y ya empiezan a cuestionar por qué los operativos parecen dirigidos contra ciudadanos comunes, mientras los verdaderos delincuentes siguen operando con impunidad.
La historia reciente nos ha enseñado que cuando una fuerza de seguridad se convierte en sinónimo de temor, es cuestión de tiempo para que la sociedad la rechace por completo. Chiapas aún está a tiempo de corregir el rumbo. La pregunta es: ¿quiere hacerlo o el miedo es parte del plan?
