La colusión de las autoridades con el crimen organizado || José Adriano Anaya
La recuperación de automóviles que se está dando en este momento en la entidad, son pruebas evidentes de la colusión de autoridades de la administración de Rutilio Escandón con la delincuencia organizada, en donde la protección a los grupos criminales se establecía a través de la negación y ocultamiento de los delitos que se realizaban no sólo por el propio exgobernador del Estado sino por el mismo expresidente López Obrador, quien también negaba lo que era evidente, la violencia y el crecimiento de la delincuencia en Chiapas.
Sin embargo, la recuperación de los vehículos resulta altamente sospechosa, porque la delincuencia de manera voluntaria los está dejando abandonados en caminos y carreteras vecinales en distintos municipios, lo que indica la posibilidad de un acuerdo, en donde los cárteles dejan de delinquir en delitos del fuero común, lo que le proporciona cierta tranquilidad al Estado, para dedicarse a las actividades ilícitas que corresponden al fuero federal, lo que significa que se busca restituir el viejo pacto en Chiapas, en donde el crimen organizado puede trabajar pero sin que se afecte la seguridad y la tranquilidad de las personas y una muestra de ello es la recuperación de los vehículos, que se viene realizando sin enfrentamientos y sin detenciones.
Hay muchas muestras de la colusión de autoridades del gobierno con la delincuencia organizada, una de las más trágicas y violentas es la detención, tortura y ejecución del funcionario que fue responsable de la seguridad pública del municipio de Berriozábal, quien minutos antes de su detención en ,manos de la delincuencia organizada había acudido a la mesa de seguridad encabezada por Rutilio Escandón, en donde presentó un diagnóstico de la situación delincuencial que vivía Berriozábal, en el que solicitó el apoyo del gobierno para hacer frente a esta delincuencia; pero seguramente alguien presente en la misma reunión avisó al cártel que lo detuvo de lo que estaba sucediendo en la reunión de seguridad y este funcionario fue ejecutado, no sin antes ser obligado a grabar un vídeo de denuncia del modus operandi del cártel rival. El crimen del director de seguridad pública de Berriozábal es uno de los que está impune, pero una señal del interés del gobierno por acabar con la impunidad es solicitar a un juez para que se proporcionen las llamadas de celular realizadas por todos los presentes de esa mesa de seguridad, con el fin de descartar que el pitazo salió de esa misma reunión, sobre todo porque ahí asistían personal fuertemente involucrados con el crimen organizado e inclusive un funcionario de primer nivel presume su relación de compadrazgo con el denominado señor de los caballos.
De ese vídeo del que fue obligado el funcionario de seguridad de Berriozábal a grabar se desprende un hecho ilícito que se encuentra impune, el levantón de cuatro jóvenes en manos de la delincuencia, afuera de una plaza en el Boulevard Belisario Domínguez, dos de estos jóvenes aparecieron ejecutados y uno de ellos decapitado sin que aparezca su cuerpo. Sobre este hecho, el funcionario de Berriozábal, antes de ser ejecutado, expresó que el responsable de este levantón fue una cabeza de la delincuencia organizada que opera en Venustiano Carranza. Al respecto, la última señal del teléfono celular de uno de los levantados es precisamente en Venustiano Carranza, pero el ministerio público se ha negado a continuar con las averiguaciones argumentando, que se requiere de una instrucción superior y le dijo a los padres de los desaparecidos que hay mejor la dejaran porque era muy peligroso.
Este hecho no solo muestra la protección y complicidad de las autoridades con la delincuencia sino el nivel de involucramiento de la fiscalía del Estado con el crimen organizado. La desaparición de estos jóvenes es un pendiente del gobierno de Chiapas, que ahora, en los tiempos de cero impunidad, debe ser investigado con la debida diligencia, así como la de otras ejecuciones y desapariciones que se encuentran en la impunidad.