Guanajuato, Gto., (apro).-México empeoró en impunidad en los últimos dos años, y también de forma exponencial en entidades como Guanajuato, Aguascalientes, Tlaxcala y Puebla, en las que particularmente se redujo el castigo por los homicidios, según el Informe del Índice Global de Impunidad México 2018.
En el continente americano, el país encabeza la lista con el más alto nivel de impunidad, y el cuarto del Índice Global con 69.1 puntos. Filipinas es el peor con 75.6 puntos.
El informe es publicado por la Unidad de las Américas Puebla, el Jenkins Graduate School y el Centro de Estudios contra la Impunidad y la Justicia.
De acuerdo con este reporte, la anterior medición fue realizada en el 2016, en la que resultó un promedio nacional del índice de impunidad de 67.42 puntos.
En el informe 2018, el promedio nacional creció a 69.84 puntos en solamente dos años.
El Estado de México es el estado con el más alto índice de impunidad, con 80.06 puntos. El informe detalla que se registran 202 mil 205 carpetas de investigación, pero únicamente 16 mil 863 causas penales, de la cuales han salido apenas mil 209 sentenciados en primera instancia. Esto significa que apenas el 0.59 por ciento de las carpetas deriva en una sentencia.
Edomex también encabeza la lista de entidades con la mayor cifra negra en delitos.
“Estos números de la cadena impune explican que la entidad sea la que presenta el problema más grave en el país”, dice el informe, que también alerta sobre la carencia de agencias, ministerios públicos, jueces y magistrados que presenta esta entidad, además de que es una de las que redujo el estado de fuerza policial.
La carencia de jueces y magistrados también es un foco rojo advertido en el informe. Varias entidades presentaron un promedio por debajo de la media nacional en el número de jueces y magistrados, entre ellos Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Nuevo León, Puebla y Sonora.
El reporte refleja además una disminución de fuerza de seguridad pública en varios estados. En otros, como es el caso de Guanajuato, a pesar de que la fuerza de seguridad se incrementó hasta en un 33 por ciento, ello no se reflejó en una disminución de la impunidad, específicamente en lo que se refiere la actuación ante los homicidios, delito en el que Guanajuato escaló a los primeros lugares en los números del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Los estados con los más altos índices de impunidad son: Estado de México, Tamaulipas, Baja California, Coahuila, Quintana Roo, Guerrero, Aguascalientes, Veracruz, Puebla y Oaxaca.
Solamente dos entidades registraron una reducción en el índice de impunidad: Morelos y Campeche.
No obstante, hay ocho estados que aumentaron en cinco puntos o más su índice de impunidad: Aguascalientes creció en 7.48 puntos; Tlaxcala creció en 7.37 puntos; Nayarit aumentó en 6.65 puntos; Puebla con 6.4 puntos más; Chiapas aumentó en 5.68 puntos; Tamaulipas subió 5.49 puntos; Coahuila quedó con 4.95 puntos más, mientras que Guanajuato tuvo un crecimiento de 5.66 puntos en el tema de la impunidad.
Uno de los aspectos que resalta en el Informe del Índice Global de Impunidad es la falta de justicia en cuanto a los homicidios que se cometen en el país.
“El porcentaje de encarcelados por homicidio entre homicidios en averiguaciones previas bajó de 27.5% a 17.09%”, refiere el reporte, en el que se atribuye esta reducción “a los problemas estructurales de las instituciones de seguridad y justicia en las entidades y a la falta de agencias de investigación profesionales, independientes y con capacidades suficientes para atender el delito de homicidio”.
En términos reales, el porcentaje de encarcelados por homicidio en averiguaciones previas iniciadas disminuyó en 27 de los 32 estados.
En este rubro de la falta de justicia o resolución de los homicidios, la lista de estados es encabezada por Tamaulipas y figuran en orden descendiente Tabasco, Michoacán, Puebla, Guerrero, Tlaxcala, Quintana Roo, Sinaloa, Oaxaca, Morelos y Guanajuato.
La medición efectuada para este informe refleja que estos estados redujeron el porcentaje de encarcelados por homicidios en averiguaciones previas iniciadas: Aguascalientes (de 32.2 a 15.79 puntos), Baja California (de 119.2 a 33.50 puntos), Baja California Sur (de 170.1 a 35.45), Chiapas (de 27.4 a 14.79), Colima (de 21.6 a 14.59), CDMX (de 43.4 a 17.44), Durango (de 30.6 a 25.61), Guanajuato (18.2 a 10.53), Guerrero (de 11.5 a 5.39) e Hidalgo, donde se redujo de 25.2 puntos a 12.97.
“La cifra negra, es decir los delitos no denunciados, se mantiene en un nivel muy alto, inclusive aumentó casi un punto porcentual en dos años al pasar de 92.8% a 93.7% (ENVIPE INEGI). Lo que confirma que los mexicanos siguen sin tener confianza en sus instituciones de seguridad y justicia para denunciar sobre los delitos de los cuales fueron víctimas”, reseña el informe.
Otro de los engranajes del sistema de justicia revisados es el de las agencias del ministerio público en los estados, que “están sufriendo un deterioro estructural y de sus capacidades humanas frente al aumento de los delitos y de la población en el país.
“El número de agencias para atención es de tan solo 3.53 agencias por cien mil habitantes. El personal de los MP cayó de 33.9 a 31.19 al igual que los agentes de 7.6 a 6.27 (ambos por 100 mil habs.). También descendió la tasa de agentes para la atención de los delitos, para cada mil delitos registrados la proporción de agentes disminuyó de 5.31 a 4.97”.
Estos son los estados en los que decreció el número de agencias del ministerio público para atender a cada uno de mil habitantes: Durango disminuyó su índice de 12.1 a 8.05; Guanajuato de 5.1 a 1.82; Nayarit de 6.4 a 5.23; Quintana Roo de 2.8 a 2.03 y San Luis Potosí pasó de una tasa de 8.2 a 7.15.
La fuerza de policías operativos estatales en el país es la mitad de los que se deberían de tener como mínimo, según el estándar nacional referido por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
“Salvo la Ciudad de México (4.2) y Tabasco (1.8), todos los estados de la República se encuentran por debajo del estándar nacional de policías estatales con resultado aprobatorio de la evaluación de control de confianza. El estado real de fuerza operativo es de 120,001 policías estatales –revela el informe-. México necesita un estado de fuerza real operativo de policías estatales de al menos 235 mil 944 elementos”.
Mientras estados como Baja California Sur, Colima, Guerrero, Hidalgo o Jalisco redujeron el número de su personal operativo, otros lo aumentaron, como Aguascalientes, Campeche, Coahuila, Chiapas o Guanajuato. Pero este incremento no impactó o se reflejó en la disminución de la impunidad.