Opinión || José Adriano Anaya
El accidente que sufrieron los estudiantes de la prepa 7 en el libramiento norte, después de que los llevaron a un evento del gobernador que dio inicio al programa de alfabetización, obliga a la reflexión sobre este tipo de actos, que fundamentalmente sirven para alimentar la megalomanía de los políticos, quienes de esta manera pierden piso, dejan de escuchar lo que es urgente e importante para los gobernados y empiezan a creer de que hablan con Dios, o peor aún, creen que son los que encarnan a Dios en la tierra.
Este accidente que puso en riesgo la vida de 30 estudiantes de preparatoria, es aprovechado para endilgar golpes y señalamientos a funcionarios de la secretaría de educación, pero también ha generado en las redes sociales voces de defensa a estos servidores, en el que se pierde de vista que en la mayoría de los juicios son los culpables los que requieren de defensores.
El hecho real, que no se puede perder de vista, es que ninguno de estos estudiantes tenía por qué estar en el lugar del accidente y ningún argumento, por bien logrado que esté, justifica el haberlos sacado del salón de clases.
El evento masivo del pasado viernes en el polifórum, representa una muestra de cómo se violan los derechos de las niñas, niños y adolescentes, que son llevados a eventos sin el consentimiento informado de los padres, que indirectamente se convierten en víctimas, al situarlos en condiciones imprevistas de cuidados a los hijos, en donde incluso tienen que solicitar permisos para faltar a sus trabajos, debido a que varios de los accidentados fueron hospitalizados y sometidos a operaciones de fracturas de nariz, de extremidades o de clavículas.
Este accidente, que no debe conducir al interés político de hacer leña del árbol caído, debe ser determinante para el gobernador, para que entienda que los tiempos y momentos de campaña ya concluyeron, que ahora la legitimidad se construye con decisiones eficaces de gobierno que no necesariamente requieren del montaje del show político, en virtud de que lo que cuenta son los resultados de las acciones y no las promesas de lo que se pretende realizar.
Dicho en otras palabras, montar un show con adolescentes y jóvenes acarreados para anunciar el inicio de un programa de alfabetización resulta irrelevante; porque lo fundamental son los resultados que realmente se van a obtener con ese programa. Por eso resulta conveniente enviar una iniciativa de ley que prohíba sacar a las niñas, niños y adolescentes de las escuelas para llevarlos a eventos que nada tienen que ver con su formación educativa, particularmente a eventos políticos.
La educación en Chiapas representa muchos problemas y por lo tanto representa muchas prioridades, pero en el caso particular de la alfabetización hay que señalar que están confundiendo el diagnóstico o peor aún se está tomando una decisión política sin diagnóstico. Sobre todo porque la alfabetización era una prioridad en los años 80 y 90 del siglo pasado, en donde la mayoría de las personas analfabetas era Población Económicamente Activa; situación que cambió con el paso de los años en donde hoy aproximadamente el 70% de las personas analfabetas son adultos mayores.
La prioridad de la educación en Chiapas se encuentra ahora en mejorar el logro de los estudiantes, que consiste en que realmente los educandos alcancen los aprendizajes que corresponden al grado en que se encuentran; la prioridad está en otorgarle alternativas a los jóvenes que abandonan los ciclos educativos, en donde Chiapas sufre una baja de estudiantes que ya no continúan sus estudios de la secundaria a la preparatoria o bachillerato.
La prioridad se encuentra en que el nivel de educación superior forme profesionistas con sólidas herramientas y aprendizajes capaces de incidir en los cambios sociales que se requieren; la prioridad se encuentra en la construcción de un nuevo ciudadano en Chiapas, y por último la prioridad se encuentra en establecer un amplio acuerdo para garantizar una educación con calidad en todos los niveles educativos.