* Madres buscadoras y periodistas denuncian que las medidas son insuficientes y tardías
A pesar del aumento de agresiones y asesinatos contra periodistas y defensores de derechos humanos en México, el Mecanismo de Protección del gobierno federal solo aprueba el 60 por ciento de las solicitudes que recibe. Desde 2020, se han presentado mil 139 peticiones, pero solo 640 han sido aceptadas, lo que deja a cientos de personas en situación de vulnerabilidad.
Los rechazos han aumentado en los últimos años. En 2019 apenas se negaron 11 de 195 solicitudes, pero en 2024 solo se aprobaron 53 de 183. Organizaciones como Artículo 19 advierten que el mecanismo se ha burocratizado y carece de una estrategia integral para prevenir ataques y garantizar la seguridad de quienes están en riesgo.
Las madres buscadoras han denunciado que las medidas de protección son insuficientes. María Teresa Molina, activista en Tamaulipas, solo cuenta con un botón de pánico y números de la Guardia Nacional que no garantizan respuesta inmediata. Aunque ha documentado amenazas y presencia de hombres armados cerca de su casa, su solicitud de mayor seguridad ha sido rechazada con el argumento de que “su nivel de riesgo ha disminuido”.
Para los periodistas, la situación no es mejor. México concentró en 2024 más del 30 por ciento de los casos de periodistas desaparecidos a nivel mundial y ocupó el tercer lugar en agresiones contra la prensa, según Reporteros Sin Fronteras. Sin embargo, el Mecanismo de Protección les otorga solo medidas básicas, como botones de pánico y patrullajes esporádicos. Algunos, como el reportero Carlos Arrieta, han denunciado que incluso deben costear la gasolina y alimentación de sus escoltas.
Casos como el del periodista Gustavo Sánchez Cabrera, asesinado en Oaxaca en 2021, evidencian las fallas del mecanismo. A pesar de haber solicitado protección durante meses, solo se le otorgó apoyo 15 días antes de ser asesinado.
Organizaciones como el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) y Amnistía Internacional han señalado que el mecanismo, lejos de fortalecer las medidas de seguridad, a menudo las retira o debilita.
Especialistas advierten que el problema no se limita a la falta de recursos, sino a la ausencia de una política integral de protección. “El gobierno federal no tiene una estrategia para prevenir ataques contra periodistas y defensores de derechos humanos. Sin justicia ni investigaciones efectivas, el mecanismo se limita a una respuesta reactiva y deficiente”, señala Pedro Cárdenas, de Artículo 19.