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Indígenas choles del Ejido Nueva Esperanza del municipio de Tila, denuncian denegación de la procuración de justicia por la Fiscalía del Ministerio Público de Yajalón.
De acuerdo a defensores de derechos humanos y del Comisariado Ejidal y Agente Municipal en Resistencia de la organización Laklumal Ixim-Norte Selva de dicho ejido durante la emergencia sanitaria por el Covid 19 se ha desatado violencia comunitaria por parte de grupos de personas de corte delincuencial y paramilitar de Paz y Justicia, quienes se dedican a asaltar a pobladores de ese ejido y provocan un clima de inseguridad.
Aseguran que desde la segunda semana de mayo, autoridades ejidales tuvieron conocimiento del caso de una persona víctima, por lo que a partir de entonces, se reunieron las dos autoridades ejidales del Comisariado y las dos autoridades del agente municipal que existen en la comunidad, una perteneciente a Laklumal Ixim y otra al partido PVEM, en la que acordaron solicitar la presencia de la autoridad del ministerio público para el levantamiento del cuerpo, deslindar responsabilidades y proceder a la clausura de lugares de venta de alcohol clandestino, ya que han provocado que grupos de sujetos se reúnan para tomar y drogarse y dedicarse a los asaltos de personas.
El Fiscal del Ministerio Público, Clemente López Suárez, adscrito a Yajalón, les solicitó que para poder realizar tales acciones tenían que estar de acuerdo ambas autoridades en el ejido, y que la solicitud se la hicieran llegar por escrito, lo cual hicieron el día 17 de mayo del año en curso; las autoridades del ejido Juan Martínez Pérez, Comisariado Laklumal Ixim; Mateo Pérez Torres, Comisariado del PVEM; Natalio Parcero Martínez, Agente Municipal de Laklumal Ixim y Antonio Sánchez López, Agente del PVEM), solicitaron la intervención urgente de la Fiscalía General del Estado, con sede en Yajalón para que se realizara un operativo para la revisión de establecimientos de venta clandestina e ilegal de alcohol en el Ejido Nueva Esperanza, ya que han surgido muertes, maltrato a las mujeres por causa del alcoholismo, así como también para que no caigan en vicios los jóvenes.
Solicitaron, inclusive, la implementación de un operativo con presencia de la policía municipal, estatal y de la Guardia Nacional. Ya que en dichos domicilios también se ha ubicado la venta de drogas como marihuana y cristal.
Desde entonces, manifiestan que el Fiscal del Ministerio Público que los atiende no presenta resultados para deslindar la responsabilidad de la muerte que se narra previamente, ni para implementar el operativo, con el argumento de la emergencia sanitaria.
Asimismo, aseguran que el pasado día 04 de julio, un joven de 20 años de edad sufrió un intento de asalto por sujetos armados. El joven indígena al lograr escapar recibió un impacto de arma de fuego, llegando a su casa para pedir auxilio en un estado muy grave, por lo que lo trasladaron inmediatamente al Hospital General de Yajalón.
Sin embargo, nuevamente el Fiscal Clemente López Suárez se niega a integrar debidamente la carpeta de investigación, a integrar el testimonio de una persona adulta por tratarse de un menor de edad. Inclusive, no ha integrado el dictamen médico, ya que el joven tuvo que ser internado de emergencia debido a que sufrió un disparo por arma de fuego en el tórax. ASICh