Jeny Pascacio

Tras un año de violaciones a los derechos humanos en contra de Julia Hernández Hernández, de 44 años y Carlos Antonio López Robles, de 37 años, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), solicitó a las autoridades investigar a elementos de la Fiscalía de Alto Impacto que recurren a métodos de tortura para obtener confesiones.

Al parecer, la pareja fue privada de manera arbitraria e ilegal de su libertad en la colonia Las Granjas de Tuxtla Gutiérrez el pasado 29 de octubre de 2019, por la Fiscalía de Alto Impacto, haciendo uso de la tortura para obligarlos a autoinculparse.

Fueron acusados por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa en un asalto perpetrado el 23 de octubre de 2019, en el municipio de Ixtapa.

El día de la detención, 40 policías vestidos de civil, armados y encapuchados, allanaron la casa donde se encontraba la pareja. En la Fiscalía, Carlos fue llevado a un sótano, “me pusieron una bolsa en la cabeza, me echaban agua, toques eléctricos y había una persona parada sobre mi estómago”.

Entonces lo obligaron a firmar un documento que desconocía el contenido, después de ser colgado de las manos mientras le daban descargas eléctricas. Aún tiene graves secuelas a consecuencia de los golpes.

Julia fue trasladada en otro vehículo y al llegar a la Fiscalía la sentaron en una silla, “les dije que no sabía de qué me estaban hablando. Comenzaron a vendarme los ojos y la boca, me envolvieron y me comenzaron a golpear, me preguntaban en dónde estaban las armas y la droga, y como no les decía nada seguían golpeándome en la espalda y la cintura”.

Un día antes de la liberación de Julia el 31 de octubre, Carlos tuvo que ser trasladado al Hospital «Doctor Jesús Gilberto Gómez Maza», donde lo intervinieron quirúrgicamente por una laparotomía exploradora debido al traumatismo cerrado de abdomen a consecuencia de la tortura.

Después de dos días de hospitalización lo llevaron al Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados número 14 ‘El Amate’, en Cintalapa. Ahí nunca dieron seguimiento a su estado de salud que, a más de un año del suceso, empeora.

Un Juez de Control constató las lesiones que presentaba, por lo que ordenó a la Fiscalía de Distrito Centro de Chiapa de Corzo investigar la tortura, pero nunca hubo avances.

Julia ha denunciado públicamente y por ello también es hostigada por la misma Fiscalía, por ello el Frayba exige al Estado mexicano cumplir con su obligación de respetar, proteger y cumplir el derecho a la salud, integridad y seguridad personal de Julia y Carlos, así como garantizar el acceso a la justicia sin ninguna discriminación.

También piden investigar, identificar, juzgar y sancionar a los responsables de cometer el delito de tortura para que estos hechos no se sigan cometiendo en nuestro país.