José Adriano Anaya || Opinión

* La Delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) en Chiapas está en medio de

controversias por sus vínculos con el crimen organizado.

* Pese a las controversias y denuncias contra el delegado de la FGR en Chiapas, Ignacio Alejandro Vila, aspira a ser el fiscal general del estado.

Por José Adriano Anaya

Las ejecuciones extrajudiciales continúan presentándose en Chiapas en total impunidad. Sin embargo, hay situaciones, como la del empresario restaurantero, Mario Campos, que apareció encajuelado el 4 de junio en el Aeropuerto Internacional de Chiapa de Corzo, que resultan toda una provocación a la ineficacia y corrupción de las dependencias responsables de la seguridad en la entidad.

Estas dependencias se encuentran integradas por funcionarios involucrados con la delincuencia organizada, quienes no sólo protegen al crimen organizado, sino que son responsables de reproducir los patrones de impunidad que en este momento se viven en Chiapas.

Al ser el aeropuerto un área federal, la investigación le corresponde a la Fiscalía General de la República, misma que desde ahora se sabe que está destinada al fracaso como todo lo que se realiza en la delegación de la FGR, cuyo titular es Ignacio Alejandro Vila, que está más interesado en congraciarse con los dos cárteles que en realizar las tareas de investigación y sanción que le corresponden. Los ejemplos al respecto son muchos, pero basta con señalar que los delitos de narcotráfico y los delitos de delincuencia organizada relacionados con esta actividad son delitos federales.

Sin embargo, sus resultados son nulos debido a que no existen detenciones ni decomisos de droga producto de la investigación que realice esta dependencia. En cambio, las detenciones y decomisos los ha realizado la Secretaría de Marina y el Ejército, y para colmo, son muchos los casos en que los delincuentes relacionados con la narcoviolencia han sido liberados por el juez de control del Amate, debido a la mala integración de la carpeta de investigación, en un claro contubernio entre la delegación de la Fiscalía General de la República y la delincuencia organizada.

Los vínculos entre la delegación de la FGR con los líderes de los cárteles son directos, a tal punto que es común que las cabezas importantes de los cárteles acudan personalmente a la delegación a reuniones con el delegado y mantengan comunicación telefónica con él. Estas visitas son directamente a su oficina, por lo que no hay registro ni se documentan en los vídeos de la dependencia.

El delegado proporciona su apoyo al funcionario federal, que mantiene relaciones peligrosas con los dos cárteles, siendo esta una de las causas del deterioro de la seguridad en la entidad. Los funcionarios reciben recursos de ambos grupos y, por lo tanto, compran la plaza y adquieren derechos para operar impunemente, como en realidad sucede.

La organización delincuencial de la delegación de la FGR ha llegado al punto en que dos de las subdelegaciones trabajan y atienden cada una a su respectivo cártel, lo que significa que el grupo Sinaloa y el Cártel Jalisco tienen su propia vía definida en la FGR y proporcionan su apoyo al delegado, quien de pronto se convirtió en un magnate, dueño de propiedades, ranchos y gasolineras, y quien de manera frecuente realiza viajes nacionales y al extranjero con su familia, realizando gastos que no corresponden con su ingreso.

De estas actividades ha sido excluida la subdelegada de San Cristóbal, quien recibe una compensación mínima, pero a quien se le obliga a declarar que ranchos propiedad de la delincuencia organizada sean declarados como abandonados, para que salgan a remate. Estas propiedades luego han sido adquiridas por el delegado de la FGR a través de prestanombres.

La corrupción y los vínculos con la delincuencia organizada son notorios. El hermano del delegado, Rafael Arturo Vila Chávez, sufrió un atentado en el municipio de Juárez, el 15 de noviembre de 2023, saliendo ileso al viajar en una camioneta blindada. Sin embargo, en la investigación se dejó de lado que viajaba en un vehículo blindado con un costo superior a los cuatro millones de pesos, en el que se ha señalado que ese vehículo es presuntamente propiedad de la FGR.

El delegado de la FGR presume que trae tratos para ser nombrado el próximo fiscal del estado de Chiapas, pero sus vínculos con los dos cárteles en guerra en la entidad lo inhabilitan para ese cargo. Aún así, en su frecuente adicción, señala una supuesta aportación en dólares realizada a un personaje importante del grupo del próximo gobernador, quien deberá definir meticulosamente como responsable de la fiscalía del estado a una persona que no esté identificada ni involucrada con el crimen organizado.

Quién es el delegado de la FGR en Chiapas.

Ignacio Alejandro Vila Chávez es el titular de la delegación de la FGR en Chiapas. Es abogado de profesión y se desempeñó como Fiscal de Atención a Migrantes y como Fiscal de Distrito Fronterizo en el estado de Chiapas. Sin embargo, también ha estado en el centro de controversias. Se le acusó de incurrir en conflicto de intereses en casos relacionados con la desaparición, tortura y ejecución extrajudicial de dos luchadores sociales. Además, se ha pedido su renuncia debido a sus acciones contra líderes sociales.

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* El autor, es Director General del Diario Contra Poder en Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez.